Fue tal la magnitud de lo sucedido, que esa noticia se regó como pólvora y podría decirse que le dio la vuelta al mundo.
Eran las horas de la noche de ese martes 27 de junio de 2022 y ya en algunos hogares había desazón y desconcierto, porque no sabemos cómo, pero a través de mensajes de whatsapp algunos familiares y seres queridos empezaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en el tristemente célebre Patio 8 del Centro Carcelario de Mediana Seguridad de Tuluá.
Por causas, que seguramente serán develadas en la respectiva investigación que aún sigue en curso, se generó una conflagración y, al parecer, también se desprende de informaciones de algunos de los abogados que representan a familiares de las víctimas, se habría generado una riña de proporciones gigantescas porque varios de los cuerpos sin vida presentaban señales de violencia e incluso heridas ocasionadas con armas cortopunzante. La mayoría de las víctimas fatales murieron por causa de las llamas, unos quemados y otros como consecuencia del humo inhalado.
¿En qué va el proceso penal?
Hay un proceso que se encuentra en la Fiscalía Especializada de Buga, SPOA 7683463002332022-80033, que lleva el ente investigador contra cuatro personas que presuntamente se están vinculando por la muerte de varios internos, a ellos se les imputa el presunto delito de homicidio y tentativa. Ese proceso está en manos del Juzgado Quinto Penal Municipal de Control de Garantías para hacer la imputación de cargas y solicitar o no medida de aseguramiento en contra de los supuestos implicados.
Allí, se ha conocido de manera extraoficial, acusan a algunos de los guardianes del Inpec e incluso a un integrante del Cuerpo de Bomberos. Ahora se espera que, en los primeros días del próximo mes de julio, se realice por fin la audiencia sobre este trágico caso, de imputación de cargos. No obstante, esa imputación no quiere decir que las personas que están citadas y que podrían ser cobijadas con medida de aseguramiento, sean los homicidas. Sin embargo, hacen parte de ese proceso, dentro de la rigurosa investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Lo administrativo
Ese es el otro meollo del asunto y por el que grandes firmas de abogados llegaron hasta la Villa de Céspedes horas después de que se conocieran los trágicos hechos de ese 28 de junio de 2022.
¿Por qué? En disputa, por así decirlo, hay miles de millones de pesos producto de las demandas que se han entablado contra el Estado, en este caso representado en el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia).
En este tema, demandan, dependiendo de cada caso, la mamá, los hermanos, y hasta los tíos de cada uno de los internos fallecidos, porque hay unos que tenían bastantes parientes.
Según el Magíster en Derecho Penal, William Peña Sabogal, «en primer término se hace ante la Procuraduría y luego ante un juez administrativo. Inicialmente con el Ministerio Público para tratar de lograr una conciliación, si no se logra, el proceso pasa ante el juez administrativo para que determine si el Estado (Centro Penitenciario) es responsable o no de los daños y perjuicios a esas personas para ordenar el pago de algunos dineros».
Reparación millonaria
Las cifras que se están solicitando por parte de los apoderados de los familiares de las víctimas, van desde los 900 millones de pesos, hasta los 1.200 millones de pesos e incluso puede haber montos superiores dependiendo del interno fallecido o herido y de su caso particular.
«Como abogado de Jonathan Sabogal, creo que el Consejo Superior de la Judicatura va a castigar al Estado colombiano, porque es una situación que no puede seguir pasando, que se debe evitar y prevenir a toda costa, así como el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y terminar con el hacinamiento.
Desde ese punto de vista considero que se va a hacer justicia porque la rama judicial va a condenar al Estado para que pague una millonaria cifra de dinero, más allá de si condenan o no a las personas que serán imputadas. En ese orden de ideas, se va a hacer justicia en cuanto al tema de reparación económica», puntualizó el profesional del Derecho.
Son muchos los interrogantes que deben resolverse y que seguirán en la mente y el corazón de quienes perdieron a sus seres queridos aquella trágica jornada.
Frente a los planteamientos que la Procuraduría y otras entidades de control hicieron en su momento al Inpec, en materia de Infraestructura, por ejemplo, informaremos en nuestra próxima edición.
