La anunciada crisis en el sistema de salud colombiano tocó fondo después que esta semana, la EPS SURA, solicitó su retiro del sistema ante la Superintendencia aduciendo su insostenibilidad por la deuda acarreada que asciende a la suma de 360 mil millones de pesos, lo cual, la hace inviable.
El anuncio sorprendió a toda la nación, con indiscutible razón, por considerar que tenía bajo su responsabilidad 5 millones de usuarios y se consideraba como una de las más eficientes del sector, dejando en la incertidumbre, la prestación del servicio a 500 mil personas en el Valle del Cauca que ahora se preguntan sobre su futuro, aunque sus directivos aclararon que será una disolución progresiva para ocasionar el mínimo daño posible, mientras el gobierno nacional decide si interviene la EPS y es liquidada definitivamente.
Unido a lo anterior, se ha comprobado que el ministerio de la Salud, no tiene ningún modelo listo para recibir a los cientos de usuarios de las EPS que han sido intervenidas y otras que podrían ser liquidadas, tal como sucede con una de las empresas que tiene adscrita al magisterio nacional, cuya situación permanece en una de las peores crisis de la historia reciente y no se vislumbra solución concreta a corto plazo.
Esta gravísima situación en materia de salud se venía venir, desde que el gobierno nacional presentó la reforma ante el Congreso de la República y al no ser aprobada, luego de ingentes discusiones, se vinieron en picada las EPS endeudadas hasta el límite de sus posibilidades.
El problema radica en la financiación del sistema, mientras que el gobierno sostiene que ha girado los recursos pactados, las EPS aducen que nunca les ha alcanzado para sufragar los costos de los servicios prestados y en consecuencia el déficit es billonario, sumado a lo anterior, la sutil actitud oficial, de querer acabar de una vez por todas con el sistema y crear una sola EPS a cargo del Estado. Es de todos conocido las posiciones radicales de cada una de las partes, mientras que los perjudicados, se encuentran en la incertidumbre.
Esta semana la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, exigió al gobierno central, adelantar un plan de contingencia que garantice la atención de los 5 millones de vallecaucanos, para evitar el caos que puede traer la muy posible futura liquidación de SURA y de otras EPS intervenidas.
La crisis se agudiza, el tiempo corre, la salud de los colombianos está en apuros, el Congreso no quiere ceder ni mucho menos el Presidente de la República, en consecuencia se viene un derrumbe que no hay forma de contener, en otras palabras, la salud va en picada, y los que pagan los platos rotos, son los afiliados de ambos regímenes, el contributivo y el subsidiado.
No es posible que las pocas EPS supervivientes, reciban a quienes deben desertar de sus similares, pues tampoco están capacitadas para hacerlo, pues la hecatombe llegó y todo el mundo no sale de la sorpresa, si había quejas permanentes del servicio cuando todo funcionaba, mucho más ahora, cuando la incertidumbre es total, el caos es irrefrenable, la salud en estado agónico y los usuarios, como siempre, pagando los platos rotos.
