Defensa ciudadana

En controvertido proyecto de ley presentó el gobierno nacional ante el Congreso de la República que tiene como objetivo fundamental fortalecer la seguridad ciudadana y en su articulado incluye un aspecto crítico sobre la defensa personal que otorga un mecanismo más amplio a la víctima cuando es atacado en situación de indefensión.
El gobierno presionado por el crecimiento continuo de la inseguridad, en donde el hurto y el atraco llevan la peor parte en las principales ciudades del país así como de las intermedias, tal como sucede en Tuluá, trata de castigar con penas más severas a los delincuentes y concede nuevos mecanismos para el tema de la resocialización de los bandidos con el fin de no volver a reincidir que es precisamente uno de los puntos más frágiles en la actualidad, cuando la mayoría de las personas que las autoridades de policía coge in fraganti, son retenidos por poco tiempo, si el hurto o el atraco se considera de menor cuantía.
Ahora bien, la pandemia del Covid-19 catapultó la inseguridad en todo el territorio nacional, reflejando la angustiosa situación de la gente en precarias condiciones económicas y al mismo tiempo creció geométricamente el desempleo, cuya respuesta oficial de reactivación económica se establece lentamente, sin solución de fondo, especialmente cuando se nota el fortalecimiento del sector informal.
El proyecto de ley presentado a consideración del Congreso de la República, ofrece aspectos nuevos para efectos de defensa personal cuando el hurto o atraco se presenta en el interior del domicilio, del comercio y en la calle, ya que como rige la normatividad actual, por lo general, es la víctima quien sale perdedor en caso de defenderse del victimario.
Ciertamente que la legítima defensa ya está establecida en el Código Penal y la nueva propuesta trata de fortalecer la situación de indefensión del ciudadano de a pie, que se encuentra realmente aterrado, ante la ola de inseguridad que vive el país y no tiene armas de ninguna clase para la defensa personal.
También se prohíbe tajantemente el porte de cualquier tipo de arma blanca, llevarla en un vehículo u otro medio considerado irregular por las autoridades, mientras que las penas para los delitos considerados de menor cuantía son mayores que las actuales, buscando que los delincuentes sean castigados con severidad ejemplarizante.
Igualmente se trata de no caer en la tentación generalizada de hacer justicia por la propia mano, que ya se presenta en algunas localidades del país, cuando la gente enardecida ante los delincuentes los acorralan y azotan sin consideración alguna, sino que es hacer más eficientes los organismos de la justicia que no pueden apartarse de la Constitución y la Ley.
Sabemos que toda persona es sujeta de derechos humanos, incluyendo a los delincuentes, pero es que hasta ahora la gente común y corriente se ha dejado a la deriva, al vaivén del “sálvese como pueda” y así no puede sobrevivir una sociedad en ninguna parte del mundo y la seguridad ciudadana ha estado a exprensas del mejor postor en cada gobierno. Es necesario profundizar al máximo sobre el delicado tema para no continuar en ese “tira y encoge” de las legislaturas de turno, que no atinan en resolver un problema que asfixia a la gente.