…Ese cáncer está llegando a sectores de la sociedad que antes eran apáticos –incluso, llamados a dar ejemplo–…”.
La persecución y condena de corruptos en la administración pública está irremediablemente condenada al fracaso, es una lucha perdida de antemano por una principalísima razón: La estructura administrativa del estado colombiano está diseñada para robar, no para servir al ciudadano.
Las leyes y normas están llenas de resquicios para interpretar y distorsionar a favor del corrupto y, en la ecuación costo-beneficio, siempre gana el funcionario delincuente que hace cuentas, me robo tanto y si me descubren –cosa improbable-pago tanto de cárcel y salgo a disfrutar de cuanto robé. Un ejemplo grande de esto es la Ley 100, concebida para democratizar y prestar un servicio de salud de calidad, así salió del Congreso, pero llegaron los ministros y sus asesores para destruirla, hoy la letra y el espíritu de esa norma quedaron sepultados por cientos de resoluciones que terminaron convirtiendo la Ley en letra muerta, al servicio de las EPS’S y sus mercaderes de la muerte, públicos y privados, caso Saludcoop.
Y por supuesto hace mucho tiempo que la capacidad de control de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría fue desbordada por la corrupción, así quisieran controlar ya no dan abasto, es inútil esperar pronta y cumplida justicia de unos organismos enclenques para los actos de corrupción denunciados, ellos mismos corrompidos por dentro, solo se ocupan de algunos pocos casos que por interés mediático les paran bolas, y aun así son casos donde el corrupto vuelve a ganar con unas pírricas sanciones. El caso de Guadalajara de Buga es emblemático, aquí hace casi dos meses llegó el Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo y escuchó todas las quejas de corrupción de los últimos gobiernos, incluido este, y no pasa nada. Y son quejas serias, sustentadas, pero igual, no pasa nada. La Contraloría Departamental encuentra hallazgos fiscales serios, llama a descargos y los mismos quedan en nada, un ex concejal denunció manguala para no sancionar e igual, cero sanciones. El trabajo anti corrupción de la Fiscalía en Buga se limita a un pendón que la entidad colgó de su edificio “No a la Corrupción”, qué risa.
Lo más inquietante del asunto aquí, en Buga, es ver con impotencia como ese cáncer está llegando a sectores de la sociedad que antes eran apáticos –incluso, llamados a dar ejemplo- a cosas de gobierno y la tal corrupción, preferían mirar para otro lado, ahora no, ahora son cómplices de los negociados, como el del parqueadero que construye la comunidad de sacerdotes redentoristas –los mismos de la Basílica del Señor de los Milagros- violando el Plan de Ordenamiento Territorial, con el visto bueno de la administración de Suárez Vargas y la de ahora, la de Julián Latorre, que para este y otros casos, es la misma. Si la sal se corrompe…
