Durante su visita a Tuluá, el representante a la Cámara, Cristian Garcés Aljure, habló con EL TABLOIDE sobre los alcances de la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, de la cual fue coautor, y señaló que la misma responde a las expectativas que se generaron en el país en medio del Paro Nacional de los meses de abril y mayo.
“Aquí tenemos que fortalecer el actuar de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para garantizar la protesta, las marchas pacíficas”, expresó el dirigente vallecaucano.
Añadió que el país no puede repetir historias tan dolorosas como la quema del Palacio de Justicia en Tuluá o la destrucción de bienes públicos como el Sistema de Transporte Masivo en Cali o la limitación a la movilidad de las personas, tal como ocurrió con los famosos bloqueos amparados en algo que varios dirigentes llamaron la primera línea.
«En ninguna de las partes estamos limitando el derecho a la libre protesta, pues la misma está consagrada en la Constitución Política, pero lo que no se puede bajo ninguna justificación es desfigurar en ataques a la población civil», precisó.
La ley de seguridad ciudadana limita el porte de armas de fuego y de las traumáticas que se han hecho populares.
Polémicos artículos
La norma, que ya pasó a sanción del presidente Iván Duque, tiene algunos artículos que han causado controversia en los sectores de oposición, pues la consideran lesiva y amenazante para los ciudadanos.
Una de las medidas que suscitó álgidos debates, tiene que ver con el tema de la legítima defensa, pues el artículo permite el uso de armas cuando se requiera.
«El tema no es como lo pintan o lo quieren hacer ver, pues lo que se busca es proteger a los ciudadanos que, en casos como los registrados en Cali y otras ciudades del país, quedaron a merced de los vándalos», precisó el dirigente.
Agregó que en la norma quedó establecido dentro del proyecto que se debe evitar las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades, ya que en la actualidad los jueces no tienen mayores herramientas para detenerlos en prisión y se deben dejar en libertad.
Explicó que el traslado de ciudadanos retenidos por las autoridades, quedó incluido unos mínimos, como que tengan cámaras en establecimientos carcelarios, personal médico y debe tener comunicación con un familiar o persona de confianza cuando sea trasladado a estos puntos.
Igualmente destacó que en varios artículos de la iniciativa se crean sanciones y se aumentan castigos para quienes hayan cometido delitos como hurto o instigación a delinquir, y se endurecen las penas cuando, por ejemplo, “se empleen máscaras o elementos similares” o cuando las faltas sean cometidas con armas blancas.
De la misma manera contempla que las entidades territoriales celebren contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en algunas cárceles de sus territorios.
Una de las novedades de este proyecto de seguridad ciudadana es la creación de la Dirección Nacional de Delitos Informáticos en la Fiscalía General, el cual busca combatir este tipo de faltas, las cuales se han multiplicado en los últimos meses.
