Las explosiones se registraron en los municipios de El Bordo y Corinto, donde las detonaciones generaron severos daños materiales en edificaciones públicas, viviendas y establecimientos comerciales.
El primer ataque ocurrió frente a la Secretaría de Tránsito de El Bordo, afectando también la sede de la Alcaldía y varios inmuebles cercanos. Horas después, otro vehículo cargado con explosivos fue detonado a una cuadra del parque principal de Corinto. Aunque en ninguno de los casos se reportaron víctimas fatales ni heridos, los atentados sembraron el pánico entre los habitantes y provocaron la inmediata reacción de las autoridades.
En ambas localidades se investiga la posible responsabilidad del grupo armado ilegal conocido como ‘Iván Mordisco’, una disidencia de las antiguas FARC que mantiene presencia activa en esta zona del país y ha sido vinculada a ataques similares en el pasado. La Defensoría del Pueblo y organismos de inteligencia siguen recopilando información para esclarecer los hechos.
Videos difundidos en redes sociales muestran los destrozos provocados por las explosiones, y en algunos de ellos se escuchan disparos, lo que podría indicar que hubo enfrentamientos posteriores entre las autoridades y miembros del grupo responsable.
Estos atentados se suman a otros episodios violentos recientes en el suroccidente colombiano. El pasado 6 de junio, una granada fue lanzada contra la cárcel de Villahermosa, en Cali, dejando a cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) heridos. El ataque, perpetrado por sujetos en motocicleta, puso nuevamente en evidencia la creciente vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a grupos criminales.
Villahermosa ya había sido blanco de un ataque similar en mayo de 2022, cuando otro artefacto explosivo dejó un funcionario muerto y otro herido. La recurrencia de estos hechos ha encendido las alarmas sobre la falta de garantías para el personal del Inpec y la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad tanto en los centros carcelarios como en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los responsables de los ataques en Cauca y Cali, pero los operativos de control se mantienen activos mientras avanzan las investigaciones.
