De la actividad tomaron parte los delegados del Ministerio del Medio Ambiente, los alcaldes de Bugalagrande y Andalucía, delegados de las organizaciones ambientales y ciudadanos que han hecho parte del proceso.
De acuerdo con la sentencia No 02 del 20 de enero de 2020, proferida por el Juzgado Primero Civil de Tuluá, se ordena a todas las autoridades correspondientes velar por el bienestar del río y a las generaciones presentes y futuras que se benefician de él, por ende deben cuidarlo y protegerlo.
DATO: En Colombia son sujetos de derecho los ríos Atrato, Cauca y Bugalagrande además de la amazonía.
La figura que en Colombia se aplica para los ríos Atrato y Río Cauca se convierte en un elemento esencial para trabajar no solo por su protección sino a la hora de establecer las acciones de mitigación de los daños sufridos en los últimos años.
Fabián Caicedo, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dijo que desde hace un año se ha venido trabajando en el cumplimiento del judicial indicó que el éxito del proceso radica en lograr trazar una hoja de ruta en la que tengan cabida todos los actores que furon incluidos en la sentencia.
«Creo que la falla que se ha tenido es que se ha hecho un trabajo que no ha respondido a un esfuerzo colectivo y por el contrario se ha intentado cumplir cada uno de sus capacidades pero la setencia lo que obliga es a direccionar las acciones y devolverle al río lo que le hemos quitado, que es en sí la razon de ser de la decisión del juez», indicó el funcionario nacional.
Destacó que para lograr ese objetivo se debe apuntar a la construcción de una política pública que lleve a la conservación de la biodiversidad de una manera adecuada y que se centre en la preservación de la vida y sus manifestaciones, así como reconocerse el vínculo que existe entre la cultura y la naturaleza.
«Este tipo de fallos serán más efectivos si logramos entre todos mejorar la coordinación en materia de política ambiental en la regiones, tal como en este caso donde juegan un papel importante los alcaldes de Andalucía y Bugalagrande, la CVC como entidad ambiental del Valle del Cauca, el abogado Jorge Enrique González como tutor de las comunidades y nosotros como Ministerio de ambiente» , puntualizó Caicedo.
Para algunos ambientalistas que han seguido de cerca el proceso de los ríos que han sido objeto de ese reconocimiento precisan que hasta que no se logre apropiar y desarrollar claramente la función ecológica de la propiedad y la responsabilidad compartida entre el Estado y los particulares frente a la protección de la naturaleza, todo lo dicho serán meros enunciados y por tanto el Estado seguirá siendo completamente ineficaz en la protección de las riquezas naturales y los ecosistemas estratégicos.
