El frustrado asalto de película a una fundidora de oro el jueves pasado en Medellín refleja el altísimo grado de profesionalismo de los delincuentes que cometen sus fechorías portando armas de largo alcance, chalecos antibalas y totalmente sin temor alguno a las autoridades y dispuestos a matar si es del caso. Se ha perdido el miedo a la autoridad y en consecuencia el bandidaje se toma las ciudades capitales como también las intermedias donde el hurto no cesa, los asaltos a carros es recurrente y la intranquilidad ciudadana es la norma general.
Es una vergüenza nacional que se detengan a 100 delincuentes en forma infraganti y se dejen en libertad el 77 por ciento en cumplimiento de las normas punitivas existentes, mientras que el hacinamiento en los sitios de detención es criticado con toda razón, por los organismos de derechos humanos. Creemos que las autoridades de Policía se cuestionan sobre su trabajo en donde se arriesga la vida a cada instante, deteniendo un delincuente, para ver al día siguiente que lo dejan en libertad y continúa en su quehacer delictivo importándole un pepino que lo vuelvan a conducir ante los tribunales judiciales.
Esta semana el Presidente de la Andi reveló que la pobreza en el país se había disparado luego del primer año de la pandemia, sumado a lo anterior que existe una inequidad social histórica, nunca hasta ahora superada, pese a los anuncios y esfuerzos de los gobiernos de turno. Esta es una de las principales causas de la delincuencia, ya que si el individuo no tiene empleo, no ha podido estudiar, no tiene una familia organizada y sus parientes están pasando necesidades elementales, como vivienda, salud, alimentación equilibrada, pues el único camino que le queda es la búsqueda del dinero fácil y allí lo espera el vicio y el delito con todas sus consecuencias.
Y también es muy preocupante, que por falencias del sistema acusatorio que nos rige en materia penal, vemos cada vez con más continuidad, la aplicación de la justicia por mano propia, y se viene encima otro grave problema como es el de porte de armas ilegales en manos de los bandidos, que aún no se resuelve.
No en vano, esta semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pedía con insistencia, la urgencia de la reforma penal a través del Congreso de la República, como una tarea prioritaria de los honorables congresistas, lo cual no parece ser realidad, por lo menos en el corto y mediano plazo, dada la cercanía de las próximas elecciones.
Mientras tanto, la ciudadanía permanece impávida ante la astucia y crecientes actos de violencia reflejada en hurtos, asaltos, robos a mano armada, en negocios, tiendas, restaurantes y hasta en las carreteras. No hay lugar seguro en ciudades intermedias como Tuluá y Buga, el pueblo se encuentra atemorizado, no tiene cómo defenderse, todo lo que contradice los anuncios de nuevas inversiones extranjeras, aumento de empleo digno, reactivación económica que nos sorprende, porque si vamos creciendo en más de un 7 por ciento este año, en ¿dónde se ven los resultados?, ¿Para dónde es que se orientan las ganancias anunciadas?.