Según el informe del ente de control, la cartera pasó de aproximadamente $12 billones a la cifra actual, impulsada principalmente por el incumplimiento en los pagos de varias EPS intervenidas por el Estado. La Contraloría advirtió que persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes, incluso por servicios que ya están financiados a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Entre las entidades con mayores saldos pendientes se encuentran Nueva EPS, Savia Salud, ASMET Salud, Emssanar y Comparta. El organismo de control señaló que esta situación ha reducido de manera drástica el flujo de recursos hacia los hospitales, en especial aquellos que prestan servicios de alta complejidad.
La Contraloría también calificó como “insuficientes e ineficaces” las acciones de la Superintendencia de Salud para enfrentar el problema, y alertó que la falta de liquidez está afectando la operación de los centros médicos. “No hay recursos para contratar especialistas, adquirir insumos o medicamentos, lo que obliga a cancelar cirugías y aplazar procedimientos”, advirtió el informe.
Aunque el giro directo del Estado a los prestadores aumentó un 27 %, el ente de control denunció una distribución desigual de los recursos. De acuerdo con el reporte, el 67,7 % de los giros ha ido a la red privada, mientras que los hospitales públicos solo han recibido el 23,2 %.
Uno de los casos más críticos es el de Nueva EPS, que, según la Contraloría, cuenta con recursos de presupuestos máximos disponibles que no están siendo transferidos a las IPS. El ente aseguró que la aplicación inmediata de estos fondos podría aliviar la crisis financiera, especialmente en los niveles de baja complejidad.
El informe concluye con una advertencia sobre el impacto social de esta situación, al señalar un riesgo inminente en la prestación del servicio de salud en más de 600 municipios del país, mientras las autoridades revisan las conclusiones del organismo de control.
