La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que concluyó que no se cumplen los requisitos legales para aplicar la extinción de la pena ni la reducción de la condena, pese a los argumentos expuestos por la defensa.
La solicitud se sustentaba en la Ley 2477 de 2025, norma que introdujo reformas al sistema penal con el objetivo de descongestionar los despachos judiciales y ampliar los mecanismos de justicia restaurativa. Sin embargo, el despacho judicial consideró que, en este caso particular, dicha ley no resulta aplicable.
Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de cinco años de prisión, impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, relacionados con los actos de vandalismo contra una estación de TransMilenio durante las protestas del paro nacional de 2019.
La influenciadora inició el cumplimiento de su condena en la Cárcel El Buen Pastor y, desde agosto del año pasado, permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, por razones de seguridad y por su estado de salud, luego de que su defensa denunciara un deterioro físico y emocional mientras estaba bajo custodia del Inpec.
El próximo 30 de enero, Barrera Rojas completará el primer año de los cinco que deberá cumplir en prisión. Desde su reclusión, ha presentado múltiples solicitudes judiciales y acciones de tutela con el objetivo de obtener su libertad, argumentando, entre otros aspectos, su condición de madre cabeza de familia. No obstante, dichas peticiones han sido rechazadas.
Incluso, en una revisión previa, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema ratificó la condena al no encontrar vulneraciones a derechos fundamentales ni errores judiciales que justificaran una intervención excepcional.
Con esta nueva decisión, Epa Colombia deberá continuar cumpliendo la totalidad de su condena en el centro de reclusión asignado, mientras se mantienen vigentes las órdenes judiciales en su contra.
