Según explicó la mandataria, la medida dispararía el precio del aguardiente legal, que hoy se comercializa entre $39.000 y $42.000, hasta un rango de $68.000 a $75.000 por botella, un aumento que pondría en riesgo las rentas destinadas a salud, educación y deporte, recursos que dependen en gran parte de la venta legal de licores.
Toro advirtió que el encarecimiento del producto legal abriría la puerta al contrabando y a la circulación de licor adulterado, reduciendo de forma drástica el recaudo para los departamentos. “Si se aumenta el doble del precio, vamos a tener mayor contrabando y una disminución de las rentas cedidas, poniendo en riesgo derechos fundamentales”, señaló la gobernadora.
La preocupación es compartida por la Industria de Licores del Valle, que estima que el incremento por botella rondaría los $30.000, lo que calificó como un escenario crítico tanto para las finanzas públicas como para la sostenibilidad de las licoreras oficiales. Desde el sector licorero a nivel nacional se anunció respaldo total a la gestión de los gobernadores, encabezados por Dilian Francisca Toro, al considerar que el decreto representa una amenaza directa a la estabilidad económica regional.
La gobernadora reiteró su llamado al Gobierno Nacional para revisar la medida y abrir un espacio de diálogo que permita proteger los ingresos de los departamentos sin incentivar la ilegalidad ni afectar programas sociales esenciales.
