Cetsa iniciará el desmonte de las redes de cableoperadores no registrados, las empresas operadoras de servicios por cable deben contratar el uso de la postería.
La contaminación visual que genera la maraña de cables instalados en casi todos los postes de la ciudad, empezará a ser combatida a partir del lunes cuando la Cetsa inicie el desmonte de estas redes.
A partir del próximo lunes la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A., Cetsa, iniciará el desmonte del cableado existente en el espacio público de la ciudad y que en su gran mayoría pertenece a las empresas de televisión por cable, internet y telefonía.
Así lo anunció el gerente de la empresa, Julián Darío Cadavid, señalando que se está cumpliendo con disposiciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en donde se les había conminado, desde hace aproximadamente un año, a despejar los postes de la maraña de cables que estaban contaminando visualmente el espacio y afectando el servicio a sus usuarios.
Indica además que los cableoperadores deben contratar el uso de su postería con la empresa y muchas han omitido este requisito, por lo que desde el año anterior se les invitó a acercarse para normalizar ese aspecto.
“Cetsa está en la obligación de cumplir con las disposiciones que le dicta la Creg y los cableoperadores deben hacer lo propio con lo que les exige la CRC” aseveró Cadavid.
Según sus registros, el 91 % de la cablería que se observa en las calles tulueñas, pertenece a las empresas operadoras de televisión, internet y telefonía y muchas de ellas no han etiquetado sus redes como lo ordena la directiva de las empresas reguladoras.
Los cableoperadores que ya han hecho acercamiento con la Cetsa son Claro, Azteca Comunicaciones, ERT, Cable Cauca, Media Commerce, Ufinet, Telcobras, Protelco-TVS Net y Asociación Comunitaria Aguaclara, Cosmovisón, Asociación Comunitaria San Antonio.
Finalemente las directivas de la Cetsa precisaron que los traumatismos que genere el desmonte del cableado debe ser reclamado por la comunidad a las mismas empresas operadoras puesto que muchas de ellas tuvieron el tiempo justo para normalizar su operación y omitieron esa responsabilidad.
