Lo considera más un acuerdo político que jurídico”.
- Henry Delgado Rivera
Conversar con el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, no es tarea fácil, siempre anda con agenda atareada y asediado por quienes son o serán objeto de investigación de su ente de control, por lo menos eso fue lo visto en Buga en la presentación de su libro. No obstante es un hombre afable, hasta simpático si se quiere, teniendo en consideración que muchos periodistas se le arriman con el único propósito de tenderle una celada, de hacerle resbalar en una declaración que llene de argumentos a sus detractores -empezando por Santos y su Congreso de bolsillo, para no hablar de la izquierda que lo odia y ama a los terroristas- que no se cansan de pedir su salida para actuar a sus anchas, sin nadie quien los fastidie.
Ordóñez es contundente en frases cortas como que “está actuando escrupulosamente bajo el mandato de la Constitución del 91”, en clara referencia a los acuerdos entre Santos y las Farc, donde -según toda evidencia- no se reconoce al Ministerio Público como vocero de la sociedad, pues todas sus inquietudes han sido ignoradas sistemáticamente por parte del gobierno, acostumbrado a la lisonjería y el besamanos. El Procurador recuerda con insistencia los documentos enviados a La Habana y al Presidente: silencio total, o ni tanto, las Farc llamó a esos argumentos “maleza jurídica”, y eso que él considera su posición como “flexible pero sin impunidad”, como lo regla la Corte Penal Internacional, que no una sino tres veces ha advertido a la justicia colombiana que los delitos de lesa humanidad se deben pagar con cárcel real, no de mentiritas, como la aprobada en los acuerdos de La Habana.
Respecto del plebiscito el doctor Ordóñez se identifica totalmente con la sentencia de la Corte Constitucional, la cual “no se ha leído lo suficiente”, pues ella -la Corte- lo considera más un acuerdo político que jurídico, es decir, los colombianos votarán SI o No sobre lo acordado entre el gobierno Santos y las Farc, donde, finalmente y como última instancia, será la Corte Constitucional la que determinará los alcances jurídicos del plebiscito, aquí no se está votando sobre “la paz” como la argucia oficialista lo quiere presentar en un claro engaño a los colombianos. La perseverancia del gobierno en los errores no es más que “la muestra de la crisis de carácter moral” de algunas élites. Preguntado el doctor Ordóñez sobre la corrupción que agobia a los municipios como Guadalajara de Buga, se mostró preocupado, inquieto, pero afirmó que se está trabajando sobre el asunto. Intuyo que la preocupación va más allá de los reales alcances sancionatorios de la Procuraduría, es el entorno, las presiones. Allí se veía al Procurador Provincial en amena conversación con el alcalde de Buga…
delgadorivera@hotmail.com
