“Según la Unidad de Víctimas, en el país se registran 7.275.000 hogares víctimas de desplazamiento forzado, de los cuales cerca de 3.000.000 han podido acceder a vivienda (urbana y rural) en los últimos años debido a los esfuerzos y oferta conjunta del Gobierno nacional. Vamos mejorando, el indicador de acceso a este derecho para las víctimas pasó de 3,2% en 2015 a 41,2% en 2020”, expresó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.
La principal atención en material, de vivienda rural a las víctimas del conflicto armado se realizará a través del programa Vivienda Social para el Campo, que este año beneficiará a 5.800 hogares rurales en 99 municipios del país, donde se destacan 52 municipios PDET.
“En medio del conflicto armado muchas familias campesinas debieron abandonar sus casas o les fueron destruidas; buscando reivindicar este derecho, el 70% de las viviendas nuevas del programa Vivienda Social para el Campo serán otorgadas a hogares víctimas, devolviéndoles así la tranquilidad de tener una vivienda propia y digna”, manifestó Sara Piñeros, directora de Vivienda Rural.
Los hogares beneficiados serán identificados a través de las bases de datos nacionales como los registros de la Unidad de Víctimas, de Sisbén, Red Unidos y los listados de Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
