Javier Hernán Zapata Molina, presidente de la organización sindical en la Villa de Céspedes, dijo a EL TABLOIDE que la decisión de la Juez Primera Penal Municipal protegió los derechos constitucionales a la vida, la salud no solo de los docentes sino de los estudiantes, padres de familia y acudientes, pues al tenor de las cifras que se manejan en el interior del Comité Municipal de Alternancia las condiciones no son las óptimas para volver a las aulas.
«No es cierto que los docentes querramos seguir en la virtualidad y debe saber la comunidad educativa que somo los más interesados en el retorno, pero somos consecuentes y exigimos que se cumpla lo que el propio ministerio de Salud y su par de Educación plantearon como requisitos para volver a los espacios cerrados», dijo Zapata.
DATO: En Tuluá, Buga y Pradera se han dado fallos a favor de los educadores del sector público.
Añadió que las exigencias de las que hablan y que recogió el despacho judicial no son un invento de los profesores y una vez se cumplan no dudarán en volver a la presencialidad.
«En temas tan importantes como el de la vacunación y según cifras de la propia secretaría de Salud Municipal, Tuluá apenas está alcanzando un 50% y según las medias establecidas la llamada inmunidad del rebaño debe alcanzar más del 70%», aseguró Zapata, tras añadir que dos docentes tulueños que se habían vacunado con las dos dosis fallecieron al contraer el virus lo que indica que la vacuna por sí sola no es prenda de garantía.
Nos sorprendió la decisión
Jaime de La Cruz, gerente propietario de la Escuela Mercantil de Tuluá, dijo que la decisión del despacho judicial de Tuluá los tomó por sorpresa.
«La asociación se declara en desacuerdo con lo dictaminado en el fallo y considera que no se tuvieron en cuenta las necesidades y problemáticas de los miembros del sector educativo privado (instituciones, docentes, padres de familia y estudiantes) y por tal razón haciendo uso del derecho constitucional presentará de manera inmediata una impugnación a la acción de tutela, para que el fallo sea revocado y se garanticen los derechos de la comunidad educativa a la cual representamos, con especial atención de nuestros niños, niñas y adolescentes», se indicó en un comunicado entregado a la opinión pública por parte de la Asociación de Colegios Privados de Tuluá, Acoptu.
No se puede generalizar
Por su parte la secretaria de Educación del Valle, Mary Luz Zuluaga, quien también terció en la controversia, expresó su preocupación por la interrupción del retorno a clases en los diferentes municipios.
«Somos respetuosos de los fallos y medidas provisionales que emitan los jueces. Sin embargo, nos preocupan estas decisiones judiciales y solicitamos de manera respetuosa que en beneficio de la población escolar y la calidad educativa estos fallos sean específicamente en las sedes educativas que el juez determine y que no se haga de forma generalizada», indicó.
