El Ministerio Público se refirió a los requerimientos realizados al Ministerio de Salud, secretarías de Salud departamentales y distritales, y municipales, la Superintendencia Nacional de Salud y el seguimiento a los reportes del Departamento Nacional de Planeación, en aras de velar por el cumplimiento de la Ley 1566 de 2012.
El ente de control destacó, entre otras acciones, la solicitud presentada ante el Ministerio de Salud para la actualización de la encuesta de salud mental, dado que la última corresponde a la vigencia 2015.
Requirió también la actualización de la política integral para el consumo de sustancias psicoactivas, la reglamentación de los programas y acciones de promoción en salud mental, prevención de problemas y trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y la actualización del Conpes de salud mental, pues el anterior finalizó en 2023 con un estado de avance del 82.17 %.
La entidad también hizo seguimiento al trabajo de las secretarías de Salud frente a la adopción de la política de consumo de sustancias psicoactivas y las gestiones adelantadas por estos organismos para garantizar calidad en la atención de personas que consumen estos compuestos.
Finalmente, la delegada de Asuntos del Trabajo se refirió a la vigilancia efectuada a las acciones conjuntas realizadas entre los consejos departamentales/distritales de salud mental y el Comité de Drogas/Estupefacientes.
