A través de una circular, la Entidad solicitó que los aspectos relacionados con esta temática también sean abordados en los próximos Comités de Seguimiento Electoral y en los Consejos de Seguridad que se realicen, especialmente teniendo en cuenta que es posible que alguno de los líderes participe en el proceso electoral de octubre.
La comunicación fue enviada a los alcaldes municipales de Guadalajara de Buga, Tuluá, Trujillo, Andalucía, San Pedro, Riofrío, Calima El Darién, Restrepo, Yotoco, Guacarí, Ginebra y Bugalagrande.
En la misiva se destacó la necesidad de delimitar la población objeto de protección para establecer su grado y situación de vulnerabilidad.
Así mismo el Ministerio Público resaltó que la política existente aplica en todo el territorio nacional y respecto de toda persona, grupo y/o comunidad que se encuentre o pueda encontrarse en una situación de riesgo excepcional de sufrir violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, y a la seguridad de personas, grupos y comunidades.
¿Cuál es el panorama?
De acuerdo con las cifras oficiales, durante el año 2022 los asesinatos de líderes sociales aumentaron drás-ticamente con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto que firmaron el 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc.
Indica el documento que desde la firma han sido asesinadas 786 personas, lo que se convierte en una gran paradoja que va contra las expectativas que se tenían para afrontar la llamada época del posconflicto.
Del total de esos crímenes, 60 ocurrieron en Valle del Cauca; y en los cinco años previos a que se firmara la paz, 25 fueron asesinados en la región.
