De acuerdo con lo establecido por EL TABLOIDE, la historia se inició en el año 2014, cuando un grupo de ciudadanos impetró una acción popular para exigirle al municipio la construcción de andenes peatonales en el sector, alegando inseguridad a la hora de transitar.
Curiosamente, esa que era la única pretensión de los accionantes, fue negada por parte del Tribunal, pues a juicio de los magistrados, que se acogieron al concepto de Ferrovías, los pasos no están autorizados y por tanto no pueden ser objeto de intervención alguna, como históricamente se ha hecho.
“Es imposible ceder a esa pretensión porque es un cruce o paso nivel no autórizado por la concesionaria y la autoridad municipal y el artículo 58 de la Ley 769 de 2002 prohíbe a los peatones cruzar por sitios no permitidos y ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, que abarca la distancia de 12 metros a lado y lado del eje de la misma”, se indica en apartes del fallo.
DATO:Desde hace varios años se ha propuesto el traslado de la línea ferrea hacia la parte occidental.
Así mismo ordena a la empresa Ferrocarriles del Pacífico que, en un término de treinta (30) días posteriores a la notificación del fallo y en desarrollo de sus obligaciones legales, realice la respectiva señalización preventiva de la zona de seguridad de la vía férrea de la calle 22 con carrera 19 del Municipio de Tuluá.
Posición del gobierno
Consultado sobre el particular, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre, manifestó que el fallo es reciente, pero ya se creó una mesa técnica que se encargará de evaluar el tema desde lo jurídico y de movilidad, pero no dudó en señalar el fallo como de alta afectación, pues el pasonivel de la carrera 22 con calle 19, a la altura del barrio Rojas, es el que comunica a gran parte de los tulueños de occidente a oriente y viceversa.
“Como alcalde de los tulueños estoy trabajando en la búsqueda de las mejores alternativas para acatar este fallo que si bien no compartimos tiene plazos perentorios”, precisó el abogado Gómez Aguirre.
Lamentó el burgomaestre que en este caso no se haya hecho una defensa mucho más contundente de los intereses del municipio, pues está claro que en la decisión primó el interés de cuatro ciudadanos por encima de toda una comunidad.
“Vamos a seguir trabajando de la mano con el equipo jurídico de la alcaldía para revisar los diferentes aspectos de la determinación adoptada por el ente de orden administrativo”, puntualizó el burgomaestre en diálogo con EL TABLOIDE.
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