Desde la Gobernación del Valle del Cauca se inicia el proceso de asesoramiento para la participación de las víctimas en la búsqueda y la pedagogía para el acceso al mecanismo establecido para saber qué pasó con los hombres y mujeres que fueron raptados o reclutados por las fuerzas ilegales y nunca más se supo de ellos.
“De la mano de la UBPD y de las diferentes organizaciones sociales, instituciones y actores sociales, haremos acompañamiento a las familias y aplicaremos a la ruta que empezamos a construir en la región”, aseguró Murcia.
Añadió que la Mesa Departamental de Búsqueda de Personas reportadas como Desaparecidas será la encargada de la articulación interinstitucional de las acciones a nivel regional y el desarrollo de actividades como la recolección de información sobre las personas desaparecidas con cada uno de los municipios.
En el caso de Tuluá, las cifras sobre desapariciones por efectos del conflicto no son del todas claras, pues por muchos años las montañas fueron el campo de acción de los grupos de los insurgentes y tras la llegada de los paramilitares en 1999 familias enteras fueron desintegradas.
Una investigación de la Consejería de Paz del departamento, mostró que 771 personas fueron asesinadas, alrededor de 800 fueron desaparecidas forzadamente y se cometieron 60 masacres en el territorio vallecaucano durante la incursión paramilitar y un porcentaje alto de esa cifra tiene o guardan relación con el territorio tulueño.
“De muchas de esas personas se perdió todo rastro y es hacia allá donde queremos orientar los esfuerzos”, puntualizó el funcionario.