Con la firma de un Memorando de Entendimiento, y liderados por la Gobernación del Valle del Cauca, los mandatarios de los cuatro departamentos del suroccidente colombiano reunidos en la I Cumbre de Seguridad Regional del Pacífico, definieron estrategias con las cuales se busca devolver la tranquilidad a los habitantes
del Valle, Cauca, Nariño y Chocó.
En el suroccidente colombiano la esperanza de una vida tranquila tiene nombre: Pazífico. La apuesta por una región segura y unida con desarrollo social consolidada en la Primera Cumbre de Seguridad Regional del Pacífico, que fue liderada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en busca del consenso de acciones que aseguren un futuro con oportunidades para los habitantes de Cauca, Nariño, Chocó y Valle, tan golpeados por la violencia y el terrorismo.
“Nuestro compromiso es con la paz, pero con garantías para la ciudadanía.
Esta es la hora de actuar sin excusas, de unir capacidades y de poner el desarrollo social en el centro de la seguridad porque trabajamos y cumplimos en este compromiso”, afirmó Toro, al cierre del encuentro donde se firmó un Memorando de Entendimiento que sella un pacto interdepartamental inédito.
Una región, una misma lucha
El Pacífico colombiano con una gran riqueza natural, diversidad biológica y ubicación estratégica, es también epicentro de una compleja red de economías ilícitas. Más del 60% de los cultivos de coca del país se concentran en esta región, que también es corredor estratégico para el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Las cifras son contundentes: según datos de la ONU, solo en 2023 el 64% de la producción nacional de hoja de coca provenía de Nariño, Cauca, Chocó y el suroccidente del Valle del Cauca.
Ante este panorama, la cumbre no fue un acto simbólico, sino un espacio de acción concreta. Asistieron los gobernadores Jorge Octavio Guzmán de Cauca, Luis Alfonso Escobar de Nariño, y Nubia Carolina Córdoba de Chocó, junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros; altos mandos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil y decenas de alcaldes de la región.
“Necesitamos una estrategia de seguridad que no tenga fronteras, porque los grupos armados ilegales tampoco las reconocen. No basta con operativos, requerimos inversión social y oportunidades reales para que los ciudadanos puedan dejar atrás la violencia”, aseguró la gobernadora Dilian Francisca Toro.
El eje central del encuentro fue la firma de un Memorando de Entendimiento entre los departamentos para establecer un marco de colaboración institucional en seguridad, justicia y desarrollo territorial. Allí se estipuló la creación de una Secretaría Técnica que operará como instancia permanente para la coordinación de acciones entre gobernaciones, alcaldías, organismos de seguridad y el Gobierno nacional.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue claro al señalar que “la propuesta no es erradicar, sino sustituir y reforestar. No se trata solo de fumigar cultivos, sino de acompañar al campesino con proyectos productivos y sostenibles”.
El documento también contempla:
-El fortalecimiento de la inteligencia regional.
-La formalización de mineros informales.
-Nuevas bases militares en zonas estratégicas.
-Acciones de control fluvial y marítimo.
-Tecnología para vigilancia aérea y terrestre.
-Programas sociales con enfoque comunitario.
Una de las alertas más graves emitidas en la cumbre es la mutación de las economías ilícitas en la región, así como la urgencia de fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública.
Uno de los puntos sensibles fue la denuncia de la gobernadora Dilian Francisca Toro, sobre estaciones de gasolina que estarían operando al margen de la ley, abasteciendo a redes criminales. “Hay estaciones que funcionan como surtidores del narcotráfico. Pedimos el cierre inmediato de estos sitios estratégicos que facilitan la operación ilegal”, exigió.
Sin embargo, más allá de las cifras y los planes operativos, el enfoque diferencial fue uno de los pilares del encuentro. Los mandatarios coincidieron en que no habrá seguridad real sin justicia social.
Uno de los compromisos más relevantes adquiridos durante la cumbre es el seguimiento periódico de los avances. A mediados de año se realizará una nueva reunión regional para evaluar el cumplimiento del memorando y ajustar los planes de acción.
“Este es el primer paso. No podemos permitir que esto se quede en discursos. La ciudadanía exige resultados y nosotros estamos aquí para responder”, añadió la gobernadora Dilian.
Y mientras las voces de los gobernadores se hacen sentir con firmeza en el escenario nacional, la esperanza florece en los territorios más olvidados. Como dijo una líder social del Bajo Calima, que llegó desde Buenaventura a la Cumbre: “Hoy sentimos que no estamos solos”.
