Una vez más los voceros campesinos del centro y norte del Valle del Cauca elevaron su voz de protesta frente al proyecto de expansión eléctrica, conocido como Refuerzo Suroccidental a 500 kV, La Virginia-Alférez, por considerar que vulnera derechos fundamentales del campesinado y amenaza los ecosistemas de la Cordillera Central por donde pretenden cruzar con las líneas eléctricas de alto voltaje, proyecto que está a cargo del Grupo de Energía de Bogotá.
Luis Rivera, vocero de la organización Defensores de la Cordillera, le dijo a EL TABLOIDE que ese es un proyecto que si bien es cierto tiene el aval del gobierno nacional, no ha sido consultado con la base, en este caso el campesinado de los municipios que serán afectados y tampoco han dicho toda la verdad respecto al impacto que tendrá para los ecosistemas y la vida de los residentes en la montaña que quedarán expuestos al desplazamiento por la ocupación del terreno, una vez el proyecto de infraestructura eléctrica esté en marcha.
“Se han hecho infinidad de audiencias y reuniones donde no han participado los que realmente están implicados en la problemática y con base en esos informes que se levantan se pretende legalizar el principio de participación que comtempla la norma para este tipo de obras», precisó Rivera.
Añadió que en temas como la compra de predios, al Grupo de Energía de Bogotá le resulta más barato tirar las torres y el cableado por la cordillera, pues mientras el metro de tierra en la montaña está a $7.200 en la parte plana supera los 120.000, por lo que el negocio para los dueños del proyecto es redondo.
Amenaza ambiental
«En los estudios que hemos hecho se ha encontrado que el impacto del proyecto es a todo dar. Las torres que van a levantar tienen 90 metros de alto soportadas sobre cuatro zapatas, cada una de ellas tiene un diámetro de 20 metros de profundidad por 20 de ancho y eso quiere decir que si en el punto de excavación hay un nacimiento de agua va a desaparecer e inclusive si hay una vivienda allí se tiene que quitar del camino y a esto se agrega que el cableado afectará de tal manera que al extender los 2.500 km de redes deben de talar o sea eso se llama una arboricidio» puntualizó Rivera.
Habrá desplazamiento
«Los campesinos y quienes los representamos hemos dicho en todos los escenarios que no nos oponemos, pues entendemos que es un proyecto de país y solo lo detiene Dios, pero estamos en desacuerdo con el trazado debido a que no solamente afecta la biodiversidad sino que también generará desplazamiento de campesinos. Lo primero es que quien no esté de acuerdo con el trazado que va por su vivienda, un juez en Bogotá va a determinar por una orden judicial que el campesino debe de salir, o sea, está en la ley y el desplazamiento forzado será legal», precisó.
Agregó que, adicionalmente, se debe tener en cuenta que la zona rural hoy está afectada por la presencia de grupos alzados en armas y para ellos las torres de energía son un objetivo de valor y eso expondría a los campesionos a los atentados terroristas.
La audiencia
Con la finalidad de abordar el tema, el Congreso de la República, a instancias de los parlamentarios vallecaucanos Wilson Arias y Alfredo Mondragón, ha convocado a una audiencia pública que se llevará a cabo el 26 de abril en el coliseo Miguel Calero, en el municipio de Ginebra, Valle, espacio donde se espera contar con la masiva participación de los campesinos y los alcaldes de los municipios que se verán impactados. La actividad se iniciará a las nueve de la mañana hasta el medio día.
