Precisamente, a través de la cuenta de Twitter la citada entidad publicó: “Un equipo de la Defensoría del Pueblo visitó el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Tuluá, como parte del proceso de seguimiento que hace la entidad tras el incendio del patio 8 en el que murieron 56 personas privadas de la libertad y 5 personas aún se encuentran hospitalizadas, dos de ellas en unidad de cuidados intensivos de centros médicos del municipio”.
En el comunicado el propio Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, dijo que “nuestro equipo de funcionarios de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y de la Regional Valle del Cauca, pudo evidenciar que todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio.
Durante la visita llamamos la atención a las autoridades, en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario”.
En el comunicado la Defensoría sostiene que “viene implementando en este centro penitenciario un plan piloto de descongestión carcelaria de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1542 de 1997. Gracias a este plan se ha logrado la atención priorizada y el trámite de beneficios jurídicos para personas privadas de la libertad en calidad de condenadas al interior de este establecimiento.
Además del hacinamiento que llega al 24%, otro de los problemas que persisten al interior del establecimiento es el acceso a condiciones dignas de salud para los privados de la libertad. Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto.
En esta jornada de verificación también se evidenció que el establecimiento no cuenta con un cronograma de valoración médica intramural para la población privada de la libertad, y no se registra seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren, con casos de citas que se demoran hasta tres meses con médicos especialistas”.
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