Víctimas del conflicto armado deben ser prioridad, El ente de control convocó a los mandatarios para que pongan en marcha los Comités Municipales.
La Procuraduría General de la Nación hizo el llamado a la gobernación y a los alcaldes del departamento para que en la brevedad del tiempo convoquen los Comités de Justicia Transicional en 2017, en sus respectivos entes territoriales, con el objeto de cumplir con lo señalado en el Decreto 2460 del 17 de diciembre de 2015.
En dicho decreto se desarrolló la herramienta para la coordinación y articulación de la política pública entre las instituciones nacionales con el territorio local identificando las necesidades de cada nivel territorial y la participación presupuestal requerida para el orden nacional, departamental y municipal.
El órgano de control le recordó a los mandatarios que deben atender a su obligación de diligenciar el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial como mecanismo de información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades, en relación con la implementación de los planes de acción de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas que deben realizarse por parte de los municipios y distritos antes del 28 de febrero; los departamentos antes del 30 de marzo y las entidades nacionales antes del 15 de noviembre, períodos en los cuales las administraciones territoriales identifican las necesidades de la población víctima a atender durante la vigencia siguiente y definen los compromisos que asumirán para responder a las necesidades de dicha población.
Finalmente, la Procuraduría señaló que es urgente que las autoridades territoriales gestionen ante las entidades competentes del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, la oferta institucional del nivel nacional y sectorial para cumplir con la atención integral del Estado hacia las víctimas del conflicto armado y así hacer realidad el goce efectivo de sus derechos fundamentales, tal como lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial de la sentencia T-025 de 2004.
