Sí, el pasado miércoles se conmemoró oficialmente un aniversario de la trágica y amarga noche del lunes 27 y la madrugada del martes 28 de junio de 2022, que en el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Tuluá dejó como saldo final 57 personas fallecidas, todos internos de ese establecimiento carcelario.
A colación volvieron aquellos tristes y desgarradores episodios en los que decenas de personas expresaban de múltiples maneras su dolor por la pérdida de uno de sus seres queridos o también su rabia o desespero ante la impotencia, en ese momento, de no tener noticia de aquellos familiares recluidos en ese penal, especialmente en el triste y célebre Patio Ocho, escenario de la trágica jornada.
Un año después, aún no se ha podido llevar a cabo la primera de las audiencias. La de imputación de cargos, a algunas de las personas a quien la Fiscalía cree tienen alguna responsabilidad frente a lo sucedido.
Si son o no responsables en algún grado de aquella tragedia, eso lo determinará el tiempo, el juez respectivo y las pruebas que logre recoger el ente acusador.
Pero más allá de esta situación ¿será que aprendimos algo, como sociedad, o como Estado de aquel fatídico episodio?
No solo para que no se repita en nuestro suelo, sino en ningún otro centro carcelario ni tampoco en las instalaciones donde están privados de la libertad centenares de personas hacinadas, que aún no son recibidas por el Inpec, y deben permanecer en estaciones de Policía, como en el caso del llamado CAI ubicado en el corregimiento de Aguaclara, en Tuluá, donde incluso ya se han presentado situaciones complejas y comprometedoras de la integridad de quienes allí se encuentran incluidos los integrantes de la Fuerza Pública.
En ese sentido, se siguen corriendo los mismos riesgos.
El otro interrogante, ¿se hicieron las adecuaciones que evidenciaron los organismos de control como la Procuraduría después de la inspección que en su debido tiempo realizaron a la cárcel tulueña después de esa tragedia?
