De nada sirve una Constitución y unas leyes que todos los días son objeto de burla por parte de un presidente que juró defenderlas y hacerlas cumplir. No pasa un día sin que esto ocurra con total impunidad, no hay autoridad para detener los desafueros de Petro y su gobierno, ignora los fallos de los jueces que lo condenan a una rectificación o con el apoyo de un ejército de abogados le hacen el esguince a los fallos de las cortes, como pasó con el tema de las EPS y su financiación para atender la salud de los colombianos.
Uno de los últimos episodios es el referido a la doble nacionalidad de Petro, colombiano e italiano, de lo cual se ufana públicamente, inclusive en un arrebato de prepotencia insulsa -porque no significa nada para el destinatario- anunció a grito herido “yo mismo aquí renuncio a mi ciudadanía italiana y europea” por el supuesto apoyo de Italia a la política de Israel respecto al terrorismo de Hamas.
Esta declaración del presidente va en contra de una sentencia de la Corte Constitucional, la C-1058 de 2002, que reza “En cuanto al ejercicio de ciertos cargos públicos como la Presidencia de la República el constituyente impuso la exigencia de que sólo puede ser ejercido por quien tenga única y exclusivamente la nacionalidad colombiana. La renuncia a la nacionalidad extranjera debe ser efectiva antes de tomar posesión del cargo, pues solo en ese momento se configura la condición plena del funcionario”.
¿Petro se hizo a la nacionalidad italiana antes o después de posesionarse como presidente? En cualquier caso, está violando esta doctrina de la Corte Constitucional, como lo denunció en un debate en la Cámara de Representantes el parlamentario del Centro Democrático Oscar Darío Pérez Pineda cuando se refería a una nota en redes sociales de la Dra. Carolina Restrepo Cañaveral.
En todo caso, es de una gravedad superlativa que Petro haya decidido conscientemente ignorar este mandato constitucional, se posesionó en el cargo con el impedimento vigente, o se hizo ciudadano italiano después, a sabiendas de ese imposible constitucional. La Corte Constitucional tiene la palabra.
