Mucho se ha avanzado en Colombia con políticas que buscan eliminar agentes contaminantes en todos los ámbitos, como lo son: la eliminación del uso de las bolsas plásticas en los supermercados y tiendas, entre otros; la eliminación del uso de papel al máximo posible para temas de: facturación, atención en entes de gobierno, boletines de notas en escuelas, colegios e instituciones de educación superior; educación y cultura social sobre el cuidado del medio ambiente, normativas para vehículos que cumplan con la reducción de emisiones y el bajo consumo de gasolina; políticas estatales para las empresas que cuidan el medio ambiente, y persecución a la minería ilegal, así como la tala de árboles en zonas selváticas del Amazonas, entre otras.
Sin embargo, la rapidez con la que se está destruyendo el ecosistema, con la que aumenta el calor anualmente, y se aumenta la contaminación, no es suficiente para reducir el impacto en la recuperación de estos aspectos y otros derivados de manera considerable como para frenar en seco los efectos de la acción humana sobre el planeta. Por lo tanto, se requiere de acciones mucho más eficientes y de políticas estatales que incentiven a la población en general a adquirir o usar herramientas y costumbres que vayan a una mayor velocidad que lo anteriormente expuesto.
Si el Estado brindase un subsidio económico, así como lo hace para la chatarrización de vehículos obsoletos que circulan por el territorio nacional, lo hiciese entregando dichos recursos exclusivamente para vehículos eléctricos de alta calidad y durabilidad, por dar un ejemplo; sería altamente probable que en poco tiempo se cambiase el parque automotor del país.
Más aún si esta política la lleva a la ciudadanía en su totalidad, a través de un sistema para los desembolsos como lo hace con las viviendas, pero más eficiente, el avance en la recuperación del aire y la reducción de gases de efecto invernadero en esta nación sería superlativo.
