Siempre he creído que la unanimidad de conceptos y de opiniones en la democracia es algo que resulta lesivo a los intereses ciudadanos, pues entidades como el Congreso de la República, Asambleas y Concejos Municipales terminan adormilados por el poder que se ejerce desde el ejecutivo en cualquiera de los niveles.
Por esa razón saludo con beneplácito que en el Concejo de Tuluá haya hoy voces que discrepan, opinan y se oponen a proyectos que ellos consideran nocivos o faltos de claridad jurídica. Esa actitud permite creer que es posible generar debates y lograr que el jefe de gobierno revise los proyectos que envían, algunos de ellos con mensaje de urgencia.
En el caso de la corporación edilicia de los tulueños se han dado señales de independencia al elegir como presidente a Denny Mejía y al joven Mario Mejia Salazar como primer vicepresidente, pues en los corrillos se daba como un hecho que Mariana Agudelo era la que tenía la bendición. Esa actitud sumada a la determinación de no darle tramite al proyecto de los buses eléctricos que traía consigo la imposición de una tasa de movilidad dejó en la comunidad un aire de independencia que se valoró en todos los sectores.
Ahora el Concejo vuelve a tener la pelota en su cancha, pues una vez más el ejecutivo pone a consideración un proyecto de acuerdo que se convierte en una oportunidad para mostrar la capacidad de debate, y tomar la decisión si conceden o no facultades excepcionales al alcalde consignadas en proyecto que pretende prorrogar el contrato de concesión del alumbrado público y dejar enganchados los recursos hasta la vigencia 2041, plazo que a toda luz resulta exagerado y dejaría con las manos cruzadas a los próximos tres gobiernos.
Si bien es cierto la justificación del proyecto parece sustentada jurídicamente y existe la necesidad de actualizar las luminarias, ese es un proceso que se puede hacer de manera gradual e incluso explorar otras opciones para la prestación del servicio a los tulueños.
