La medida entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso de la República.
La decisión quedó consignada en un decreto presidencial conocido este martes, mediante el cual se deroga el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que había creado la mencionada prima para los miembros del Congreso de la República.
Según el texto oficial, la derogatoria aplica para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, quienes dejarán de recibir la prima especial de servicios, un monto que actualmente supera el salario básico de los legisladores. En la actualidad, el sueldo base de un congresista ronda los 12,5 millones de pesos, mientras que la prima eliminada asciende a 16,9 millones de pesos, lo que representa una reducción cercana a un tercio de sus ingresos totales.
La prima especial de servicios fue instaurada en 2013 como un mecanismo para reemplazar otras bonificaciones contempladas en la ley, como las primas de localización, vivienda y salud, cuya asignación resultaba difícil de calcular de manera individual. En ese momento, el Gobierno argumentó que, aunque dichas primas eran constitucionales, su reconocimiento generaba distorsiones en la escala salarial y afectaba la remuneración de otros servidores públicos.
Con el nuevo decreto, el Gobierno Petro busca corregir esa distorsión y avanzar en su promesa de ajustar los salarios de los altos funcionarios del Estado, en medio de un debate nacional sobre equidad y austeridad en el gasto público. No obstante, los congresistas continuarán recibiendo otros ingresos, como los gastos de representación, que siguen haciendo parte de su remuneración.
La medida ha generado reacciones divididas en el escenario político y marca un cambio significativo en la estructura salarial del Legislativo, que se hará efectivo con la conformación del próximo Congreso.
