La iniciativa permitirá obtener una autorización inicial de residencia por un año, con opción de renovación y acceso posterior a permisos ordinarios. Quienes regularicen su estatus podrán trabajar legalmente, acceder a la sanidad pública y quedar protegidos frente a procesos de expulsión.
Las solicitudes podrán presentarse entre abril y el 30 de junio de 2026. Entre los requisitos principales están haber residido al menos cinco meses continuados en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales. Para demostrar la estancia se aceptarán documentos como empadronamientos, contratos de alquiler, recibos médicos o de servicios.
Mientras se estudia cada caso, los solicitantes recibirán una autorización provisional que les permitirá trabajar y acceder a servicios básicos, suspendiendo cualquier proceso de expulsión.
Además de esta regularización, los colombianos pueden optar por otras vías como el arraigo social, laboral o familiar, la residencia por razones humanitarias, la tarjeta de familiar comunitario o la reagrupación familiar, cada una con requisitos específicos.
El Gobierno español defendió la medida como un acto de justicia social, destacando el aporte de la población migrante al desarrollo económico y social del país. Aunque no otorga nacionalidad ni derechos políticos, sí abre la puerta a una integración legal y estable en España.
