Sin embargo, los recientes hechos en los que un grupo de guerrilleros fue detenido en un retén militar en Antioquia dejaron expuestos varios cabos sueltos que hacen pensar que estas personas están tomando ventaja de las mesas de negociación.
Para estar en este proceso de paz, a varios disidentes les levantaron la orden de captura, razón por la que se pueden movilizar con un poco de libertad a los lugares en lo que se reúnen con los representantes del Gobierno. En medio de ese desplazamiento fue que se dio la intercepción y detención de un grupo de guerrilleros, algunos de ellos, aún con orden de captura vigente.
Así lo dio a conocer la Fiscalía. Sin embargo, con el paso de las horas se supo que entre los detenidos está Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Firu’, señalado de un reciente atentado contra miembros de la Policía. A él no le han levantado la orden de captura, razón por la que su futuro es incierto.
Camilo González, negociador de paz del Gobierno, señaló en Noticias Caracol que en el caso de ‘Firu’ “tiene que proceder la justicia” porque “es una situación irregular”.
La presencia de este guerrillero, jefe del ‘frente 36’ de las disidencias, deja expuesto el poco control que tiene la UNP y el Gobierno sobre las personas a las que se les está brindando el esquema de protección porque, con este ejemplo, queda demostrado que se está vulnerando la confianza de este proceso.
De hecho, Augusto Rodríguez, director de la UNP, mencionó en Caracol Radio que una “primera falla” sucedió al permitir que estas personas se subieran al vehículo, pues ellos solo deben transportar a los protegidos, que, para este caso, son 8 personas.
“Este es un esquema colectivo que se usa para transportar a un grupo de personas y los escoltas saben cuáles personas deben ser transportadas en esos vehículos” señaló Rodríguez en la emisora. Sin embargo, los integrantes de la UNP poco pueden hacer en estos casos.
En este hecho hay otra situación que demuestra la libertad con la que están actuando los disidentes de las Farc que se movilizan en los carros de la UNP. Según se ha informado, el acuerdo no les da permiso de usar armas de fuego, pero en la captura, los guerrilleros fueron capturados con dos pistolas, proveedores, una empuñadura para fusil y una alta cantidad de dinero en efectivo.
Sobre esto, el director de la UNP señaló en la cadena radial que el uso de “pistolas o proveedores no está permitido en este tipo de vehículos”, mientras que el jefe negociador dijo en el noticiero televisivo que “son situaciones irregulares que deben solucionar por la justicia”.
“Hay que mirar cada caso. Su origen, quién la tenía. Entiendo que una de las armas no tiene un propietario”, dijo Camilo González, como bajándole un poco de relevancia a esta gravísima situación.
Sobre el dinero, 99 millones de pesos en efectivo, no han dado justificaciones, pero al ser de este grupo guerrillero, se cree que proviene de actos ilícitos como la extorsión o narcotráfico, que son las principales fuentes de financiación.
“El dinero deberá justificarse. Ellos venían de una reunión con los jefes que están en la mesa, pero la cantidad de dinero asombra”, dijo González.
De hecho, en Caracol Radio habló alias ‘Andrey Abendaño’, uno de los negociadores de las disidencias Farc, aunque él no iba en esta caravana. Él no quiso dar a conocer cuál era el origen de este dinero, pero sí quiso explicar, con un poco de descaro, por qué llevaban ese montón de plata.
“El Gobierno no ha dicho que nos va a financiar. Nosotros seguimos operando, tenemos que sostener gente, tenemos que subsistir. Los que iban allí son comandantes, así que son los que tienen control del dinero. O dígame usted cómo se compra la comida, cómo se paga un peaje. Nada nos lo proporciona el Gobierno”, señaló.
La presencia de alias ‘Firu’, el porte de armas, el transporte de casi 100 millones de pesos y la desfachatez con la que los guerrilleros de las disidencias de las Farc quieren justificar sus movimientos son una muestra del poco control que parece tener el Gobierno en estas mesas de negociación, marcadas por la violencia con la que siguen actuando contra la fuerza pública y la población civil.
