De hecho, manifiestan que la mortalidad por covid-19 podría alcanzar las 800 víctimas cada jornada en las próximas semanas si el ritmo de contagios se mantiene cercano a los 30.000 diarios.
“Es innegable el colapso del sistema de salud teniendo en cuenta los pacientes que se encuentran en lista de espera para ingreso a UCI, los ventilados por fuera de UCI (quirófanos, recuperación, hospitalización y urgencias), el número de pacientes en las UCRES (Unidades de Cuidado Respiratorio Especiales), la sobreocupación en los servicios de urgencias y el creciente desabastecimiento de medicamentos, insumos, oxígeno y tecnologías que por su número han superado la capacidad instalada”, afirman.
En concreto, el reclamo que hacen los firmantes es que se derogue la resolución 777, que estableció el nuevo marco de las medidas de bioseguridad en el país y fijó la metodología para la reapertura de los sectores sociales, culturales, deportivos y del entretenimiento.
En dicha resolución se crea el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM), que se basa en el avance en la vacunación, la seroprevalencia, la ocupación de las UCI y el testeo para determinar el grado de apertura que puede tener cada municipio.
El IREM plantea tres ciclos: uno en el que los municipios, según su clasificación, pueden abrir estas actividades con aforo del 25 por ciento, otro con el 50 por ciento y otro con el 75 por ciento.
Sin embargo, a juicio de las 140 asociaciones, la resolución 777 “no tiene conexión con el contexto epidemiológico del país” y “esta política pública debe ser sometida a un nuevo análisis de validez, precisión, oportunidad y pertinencia ante la urgente situación sanitaria que compromete la vida de miles de personas”. “La reapertura en los términos señalados en la resolución va a implicar que la población no pueda contar con la atención en salud requeridas, lo cual es totalmente previsible en las condiciones actuales”, escriben.
También manifiestan que el índice “presenta notorias falencias técnico científicas” como que “no tiene evidencia científica publicada, ni precedentes en ningún país del mundo”, “presenta inconsistencias en el planteamiento conceptual y no existen referencias que lo soporten”, “la variable de cobertura de vacunación no supera el 10 por ciento en ningún territorio” y “la capacidad de UCI e intermedios es un indicador estático que no refleja objetivamente el estado real de ocupación”.
“El IREM no recoge aspectos sociales como el desempleo, la pobreza, la miseria, la seguridad alimentaria, la respuesta desde la salud pública a los comportamientos sociales, la salud mental y la calidad de la atención y la emisión de la resolución 777 en este momento envía un mensaje equivocado a la sociedad porque induce a las comunidades a incumplir con las medidas de auto cuidado y bioseguridad, lo que redundaría en un aumento de casos y mortalidad en las próximas semanas”, puntualiza el comunicado.
En su escrito, las 140 organizaciones evidencian lo que está pasando en Colombia en medio del peor momento de la pandemia. Por ejemplo, alertan de que los servicios de urgencias enfrentan una sobreocupación que oscila entre el 200 y el 300 por ciento en las principales ciudades del país y el talento humano es insuficiente para cubrir las necesidades de expansión de las áreas de atención en urgencias, hospitalización y UCI.
“Tampoco se dispone de profesionales especializados para cubrir las necesidades de atención de los pacientes críticos, situación que afecta los indicadores de calidad, oportunidad y seguridad. La limitación de recursos ha obligado a implementar lineamientos de priorización para el ingreso a las UCI en algunas instituciones, lo cual puede aumentar la mortalidad evitable no solamente relacionada con las complicaciones del covid-19 y las demás enfermedades desatendidas en el último año”, indican.
Y puntualmente sobre el talento humano en salud, manifiestan que más del 40 por ciento presenta alarmantes niveles de agotamiento, ansiedad, depresión y estrés físico, emocional y mental. Lea a continuación el documento.
Las propuestas
En un apartado del texto, los firmantes convocan al Ministerio de Salud a una reunión, “a más tardar el 9 de junio a las 9 de la mañana”, en la que se profundicen los planteamientos y se construyan “alternativas viables con otros sectores sociales, económicos y empresariales para encontrar salidas que nos permitan avanzar como país”.
Además, señalan que como actores del sistema de salud, la comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones, “exigimos participar en la formulación de la política de salud pública en general, y de manera especial, para resolverla crítica situación actual por la pandemia; participar en la revisión del instrumento Índice de Resiliencia Municipal (IREM) y en la creación de una instancia de deliberación, veeduría, seguimiento y evaluación técnica de estas políticas; así como crear un sistema de vigilancia y seguimiento al PRASS, el cual se viene implementando, con una baja eficacia, así como en el diseño de estrategias que permitan acelerar la vacunación y alcanzar la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible, reducir el impacto de la pandemia y reactivar la economía de manera segura”.
Para ello, aseguran que se debe fortalecer y aumentar de forma significativa el rastreo intensivo, con detección temprana de casos y contactos, aplicar masivamente pruebas y fomentar el aislamiento preventivo, según el comportamiento epidemiológico de los territorios y ponen como indispensable generar una estrategia de soporte económico para la población más vulnerable socioeconómicamente, en aras de garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento sin detrimento de su condición.
Hasta el momento no se conoce una respuesta del Ministerio de Salud a este comunicado.
Tomado de EL TIEMPO
