Más de dos décadas lleva la gobernadora del Valle del Cauca incidiendo en la política del departamento, pero nunca se le había visto tan desesperada como en los días previos al 8 de noviembre de 2025, día en que iniciaron los efectos de la ley de garantías que impiden la contratación pública directa a diestra y siniestra antes de elecciones.
Al coro del desepero se sumó el alcalde de Cali que por casualidad se encontraba en la ciudad. El motivo fue el giro de los dineros del tren de cercanías de Cali, billones que recibirían por parte del gobierno nacional la señora Dilian Francisca y el señor Eder en plena época electoral.
Que no se note el hambre, dijeron muchos, como si a los susodichos mandatarios regionales se les hubieran descuadrado las cuentas de sus campañas electorales de odio antipetrista. Se determinó que tren de cercanías habrá, pero después de las elecciones nacionales, por lo que el dinero se utilizará para avanzar en el proyecto de vías férreas de Buenaventura a Yumbo, un proyecto con más impacto regional que el dichoso tren que dejó con los crespos hechos al alcalde al que le trajeron la COP 16 y que luego se va con otros a USA a suplicar una “ayuda” que termina en sanciones no solo al presidente de la república sino al Estado colombiano, y a la gobernadora cuya bancada parlamentaria además de colaborar con el hundimiento de la ley de financiamiento, de la cual salen precisamente los recursos para obras como el tren, tambien ha contribuido a que se hunda por tercera vez la necesaria reforma a la salud, y a sancionar ilegalmente al presidente de la Cámara de Representantes que es afín al gobierno nacional.
Como colofón, terminan con el relato temerario de que Petro odia al Valle, cuando se sabe que si un departamento ha tenido protagonismo en el actual gobierno es el vallecaucano, cuestión que por espacio es imposible argumentar acá.
