Hoy más que nunca se requiere que las próximas elecciones sean totalmente transparentes, libres de vicios, engaños y presiones indebidas. Estas prácticas, tristemente normalizadas durante más de cinco décadas, han permitido que el cáncer de la corrupción se arraigue en la actividad política, llegando al corazón del Congreso y del Gobierno.
Recuperar la ética y la moral es una prioridad urgente si queremos depurar la política de la corrupción que la ha contaminado. Esto queda en evidencia cada día, cuando vemos a figuras representativas del poder investigadas por la justicia o cumpliendo condenas en centros de reclusión.
Debe aclararse, por supuesto, que no todos los congresistas ni todos los aspirantes a cargos públicos son corruptos ni están motivados por intereses personales. Muchos, en realidad, actúan con verdadero espíritu de servicio al país y en defensa de la democracia. Un sistema, aunque con limitaciones, que debemos preservar por encima de cualquier promesa seductora que implique sacrificar libertades fundamentales. Caer en esos “cantos de sirena” podría llevarnos a la persecución, la violación de derechos, la injusticia y, en el peor de los casos, a la muerte.
Ejemplos sobran en países cercanos. El llamado “socialismo del siglo XXI” ha provocado una migración masiva, miseria creciente y persecución a quienes se atreven a disentir de un régimen dictatorial que desconoce la voluntad popular expresada en las urnas.
Para evitar caer en la tentación del totalitarismo, es indispensable que los candidatos a los próximos comicios se comprometan a defender los principios fundamentales de la democracia: la justicia, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y los derechos humanos.
Es urgente abandonar esa perversa costumbre de justificar cualquier medio por el fin. En política —como en la guerra y en el amor— no todo vale. Tampoco es válido aplaudir la idea de que “lo importante es hacer obras, así sea robando”, como si el saqueo de recursos públicos fuera un mal menor siempre que se deje algo construido.
No puede ser aceptable que algunos funcionarios salgan del gobierno con fortunas y bienes que jamás habrían alcanzado sin el acceso al poder.
Políticos de ingrata recordación hoy pagan sus culpas en prisión, pero el daño que han causado al sistema democrático es profundo y duradero.
Por eso, es imperativo erradicar en las próximas campañas el discurso del odio, la lucha de clases y el enfrentamiento entre colombianos. La democracia exige respeto por la diferencia, por la opinión ajena y por la convivencia pacífica.
Es tiempo de promover nuevas mentalidades en la política. Que el servicio al bien común, la integridad y la defensa firme de la democracia sean el eje de toda aspiración pública. Solo así Colombia podrá borrar, de una vez por todas, el estigma de la corrupción.