La medida se adopta en el marco de un proceso disciplinario que cursa en el Ministerio Público, relacionado con posibles irregularidades en el manejo de recursos y funciones públicas.
Según las autoridades, el proceso fue abierto tras el hecho de que una institución educativa de la ciudad fuera utilizada para alojar a varias unidades de la Policía Nacional, en lugar de ser utilizada para el fin educativo, es decir, para recibir a estudiantes. Esta situación, según las investigaciones, podría constituir una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el Estado colombiano.
La Personería de Tuluá ha indicado que la suspensión busca garantizar la transparencia en el proceso y evitar que los funcionarios involucrados interfieran en la investigación. En la comunicación enviada al alcalde, se le solicita el cumplimiento inmediato de esta decisión.
Se espera que en las próximas semanas se avance en la investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios y posibles consecuencias adicionales.
