“Una de las cosas que quedó muy claro, en el consejo de seguridad, es que la UNP no le ha dado la protección rápida a los concejales”. Esta declaración de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el último Consejo de Seguridad realizado tras el homicidio del concejal Carlos Arturo Londoño Marín, suscitó que la Unidad Nacional de Protección a través de un comunicado respondiera a los cuestio-namientos de la mandataria y el alcalde Gustavo Vélez, sobre el caso de Tuluá.

La respuesta

“En repetidas oportunidades, en discursos, intervenciones y declaraciones la gobernadora del Valle del Cauca, doctora Dilian Francisca Toro, ha descargado la responsabilidad de prevención, seguridad y protección de los lamentables hechos de Tuluá en la Unidad Nacional de Protección, UNP”, indica el documento.
A renglon seguido señala que no pueden limitarse, la gobernadora ni el alcalde a dar declaraciones donde dirigen la responsabilidad a la UNP, pues ellos también son responsables de garantizar la seguridad a los ciudadanos y por ende a los servidores públicos de todo el país.

Sí han actuado

“De manera oportuna y de urgencia, como lo estimó el Ministerio del Interior, la UNP acometió la protección de un número plural de funcionarios de Tuluá, implementando la ruta colectiva, como de manera asertiva se solicitó. Estas medidas son un componente robusto de vehículos, personas de protección, armas, medios de comunicación y tienen la concurrencia de los organismos de seguridad del Estado.

La complementariedad y subsidiaridad es de carácter integral y en ello tienen iniciativa legal las autoridades locales”, señala el comunicado, tras agregar que por trámite de emergencia, implementó medidas de protección al alcalde de Tuluá y a tres concejales.

“No es cierto que este asunto sea de responsabilidad exclusiva de la UNP, como la funcionaria lo deja entrever, salvando su compromiso con la seguridad y protección de todas las personas y en particular de los funcionarios y líderes sociales del departamento del Valle del Cauca”, manifiesta la UNP.

El marco legal

“De acuerdo con la norma, los primeros respondientes (Artículo 2.4.1.6.2. del Decreto 1066 de 2015) en materia de prevención, seguridad y protección, son las gobernaciones y las alcaldías, con el apoyo de los ministerios de Defensa, Interior y Público, y deberán detectar y asumir sus competencias para responder al riesgo de líderes y lideresas sociales y defensores de DDHH” explica el documento de dos páginas conocidos por EL TABLOIDE.

Precisa que el numeral 4 habla de concurrencia y menciona que la UNP es una de varias instituciones (Mininterior, Policía Nacional, autoridades de municipios y departamentos) que deben aportar medidas de prevención y protección de acuerdo con sus competencias.
En el comunicado la entidad nacional precisa que, en el caso del alcalde Gustavo Vélez, se le ha puesto a su servicio un esquema de seguridad integrado por personal altamente calificado para atender cualquier situación que ponga en riesgo su vida.

Con una tutela, concejales de Tuluá piden medidas de protección

Los concejales de Tuluá interpusieron una acción de tutela contra la UNP para que le facilite esquemas de seguridad individuales, aseguran que la única respuesta que han recibido es la disposición de 3 vehículos para atender de manera colectiva a los 16 concejales.

Debido a constantes ataques a la integridad de funcionarios públicos de Tuluá, 16 concejales de la Villa de Céspedes optaron por interponer una acción de tutela a través de defensor del pueblo, Gerson Vergara, argumentando la ausencia de medidas de protección efectivas.

La acción legal se dirige hacia el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior (incluyendo a la Policía Nacional) y la Unidad Nacional de Protección. Se argumenta que, por no actuar o tomar medidas adecuadas, están infringiendo los derechos fundamentales.

La solicitud es precedida por el asesinato del concejal electo Eliecid Ávila, el homicidio del concejal Carlos Arturo Londoño y la funcionaria de la alcaldía de Tuluá, Clarivet Ocampo.

El defensor del pueblo aseguró que las medidas de seguridad proporcionadas son insuficientes o inexistentes dadas las condiciones en las que tienen que sesionar los concejales. “Por lo que tal proceder y/o omisión vulneran sus derechos fundamentales a la vida”.

Por otra parte, la Gobernación del Valle del Cauca hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección, “a trabajar articuladamente para proteger la vida de estos servidores públicos amenazados y defender la institucionalidad”.