En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por «grave conmoción interna y política».
Lasso había comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
No obstante, el mandatario recurrió a la «muerte cruzada» antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requerían 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
La denominada «muerte cruzada» es una figura que le permite al Presidente de turno disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.
Además del Legislativo, la medida supone la disolución del Gobierno y del gabinete presidencial.
Lasso
Según los analistas, tras la publicación del decreto de disolución de la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral tendrá un plazo máximo de siete días para convocar las elecciones legislativas y presidenciales. Ambas elecciones deben citarse para una misma fecha y quienes sean elegidos tendrán que cumplir con el resto del periodo de las autoridades salientes.
Hasta que un nuevo presidente y una nueva Asamblea se instalen en el país, el presidente Lasso podrá gobernar por decreto, pero solo en lo que respecta a la economía. Sus decretos, además, tendrán que contar con la aprobación de la Corte Constitucional.
Para los expertos, este mecanismo podría desencadenar una grave crisis social por parte de sectores que no respaldan la decisión.
«Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real» por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, sostuvo a la AFP el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
