Lo grave del asunto es que este proyecto, que viene andando desde 2017, fue liderado por el Instituto de Fomento de Tuluá, Infituluá, en cabeza del arquitecto Rodolfo Ramírez y cuando fungía como alcalde el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román.
Dato: Un total de 504 ciudadanos adquirieron lotes con servicios en este plan habitacional liderado por Infituluá.
Hoy, cuando los días pasan, los tulueños que ya son dueños de los predios porque cancelaron el total de los mismos, cuyos costos oscilaron entre los 30 y 40 millones de pesos, ven cómo el eslogan Urbanización Terranova, un sueño hecho realidad, se ha convertido en una pesadilla y hasta ahora la única casa que ven es un cambuche donde se fijó el aviso legal del predio.
La angustia es tal, que varios de los compradores están pensando en apoderar a los abogados para emprender acciones legales y se les repare el daño, causado con una inversión que resulta incierta, pues hasta ahora todo se va en anuncio de solución y nada más.
El origen del problema
De acuerdo con el abogado Lléner Darío Borja Mafla, gerente de Infituluá, el problema radica en que en su momento, las directivas de la entidad ofertaron el plan habitacional y adelantaron todo el proceso sin haber solucionado lo esencial, que era el tema de las redes para el acueducto, alcantarillado y aguas residuales, obras fundamentales para avanzar en el urbanismo del proyecto, tal como lo contemplan las normas vigentes.
“Para poder avanzar en el tema de los servicios públicos, tenemos que llegar a un acuerdo con las familias Mejía y Sanclemente, propietarias de los predios por donde pasarán las redes”, indicó Borja Mafla.
Agregó que: “Con los integrantes de estas familias, el diálogo es amplio y abierto tratando de compartir las inversiones que se deben hacer porque al construir el colector y extender las redes de acueducto sus propiedades quedan habilitadas para desarrollar en ellos los proyectos urbanísticos que deseen”.
Explicó el funcionario que las conversaciones sufrieron un estancamiento por el tema de la pandemia, pero ahora que se empieza retornar a la normalidad se espera poder restablecerlas, pues el interés del alcalde John Jairo Gómez Aguirre es que haya una solución para los más de 180 compradores que ya poseen los títulos de propiedad y los que han cesado sus pagos ante la incertidumbre del proyecto, ubicado en la parte occidental contigua a la urbanización Villa del Lago.
Otras soluciones
Si definitivamente no se puede avanzar, la gerencia de Infituluá, a través de su equipo jurídico y con el apoyo de Centroaguas, acudirá a una herramienta jurídica contemplada por la ley denominada Posesión por servidumbre, figura que permitiría desempantanar el proyecto urbanístico haciendo prevalecer el principio constitucional del interés general sobre el particular.
«Desde Infituluá vamos a seguir insistiendo en el diálogo con las dos familias para no tener que allanar este camino legal que surge como alternativa», puntualizó el funcionario local.
«El mensaje para los tulueños que tienen invertidos los recursos en este plan habitacional es a no perder la confianza, pues desde Infituluá se está trabajando en la búsqueda de una solución definitiva a la problemática suscitada por la falta de planeación en el proceso inicial», puntualizó Lléner Darío Borja Mafla, gerente de Infituluá.
