El derecho internacional de los derechos humanos establece que esta práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad. Asimismo, el delito de desaparición forzada ha sido calificado por la jurisprudencia internacional como un delito autónomo, con carácter permanente, de carácter pluriofensivo. En Tuluá la actividad se desarrolló en el parque Boyacá.