El pasado jueves un grupo de personas que ejercen el transporte informal en vehículos particulares y transportan pasajeros hacia los municipios de Andalucía y Bugalagrande, protagonizaron una protesta en las afueras de la alcaldía de Tuluá.
Argumentan los conductores que las autoridades le declaron una guerra sin cuartel y los están persiguiendo por rebuscarse el sustento con el único medio que poseen.
«Lo que están haciendo los agentes de tránsito también raya con la ilegalidad, pues montan los retenes o puestos de control y le exigen a las personas que van en los vehículos la cédula de ciudadanía, procedimiento que solo puede hacer la policía nacional», dijo uno de los quejosos a EL TABLOIDE.
Una fuente consultada indicó que los controles van a proseguir, pues se trata de una actividad que al tenor de la ley es ilegal y afecta a quienes pagan los impuestos y le dan vida a las empresas de transporte.
