De acuerdo con lo indicado, la nueva Ley, que ahora será reconocida como 2078 del 8 de enero de 2021, modifica la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, y de los Decretos ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011, y 4635 de 2011”.
La norma, aprobada a finales de 2020 y sancionada por Duque Márquez establece que el Gobierno Nacional presentará un informe anual al Congreso de la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas.
De la misma manera, estableció que “un año antes del vencimiento de la vigencia de esta ley, el Congreso de la República deberá pronunciarse frente a la ejecución y cumplimiento de la misma”.
Adicionalmente, en la Ley sancionada se establece que los decretos 4633, 4634 y 4635 todos de 2011 tendrán una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031 para de esta manera garantizarle la atención a quienes han sufrido los rigores del conflicto armado.
Las reacciones
En el Valle del Cauca los voceros de las organizaciones que trabajan en la atención de las víctimas, catalogaron el anuncio como un acierto, pero coinciden que por la dinámica en que se ha dado la reparación se van a requerir por lo menos tres prórrogas más, pues en 10 años es poco en lo que ha avanzado.
Para los líderes en el municipio de Tuluá, la nueva fecha dada a conocer por el presidente de la república es una buena noticia, pero se debe mejorar en la implementación de la misma.
Añaden que la norma como tal y todos los decretos reglamentarios son claros, pero se presentan muchos obstáculos en el nivel local y prueba de ello es la existencia que llevan años adelantando trámites y hasta ahora no han recibido recurso alguno.