Alonso Montero, delegado de Derechos Humanos, indicó que durante la visita se escuchó a los líderes del sector a quienes se les ofreció el acompañamiento garantizando la defensa de sus derechos.
“Lo que hemos encontrado durante la inspección al sitio es que hay familias en estado de vulnerabilidad que requieren de la atención del Estado y familias que han construido sus viviendas y que llevan cuarenta y más años y por ende deben ser escuchadas y atendidas antes de poner en marcha proceso alguno de desalojo” dijo el abogado Montero.
Añadió que durante el recorrido por La Casona y al entrar al diálogo con los habitantes se comprobó que no existió el diálogo previo, pues lo que afirman es que se enteraron de la decisión de demoler las estructura cuando escucharon y sintieron el ruido de las máquinas.
Recordó el funcionario que la Corte Constitucional tiene abundante jurisprudencia frente al tema de desalojos y advierte que este no puede darse sin que exista un plan de reubicación en términos claros y que protejan los derechos fundamentales.
“El informe resultante será remitido a la Administración Municipal y a los órganos competentes para las acciones que haya lugar protegiendo así los derechos de la gente” puntualizó.
