En medio de un debate donde además sostuvo un cara a cara con su colega Jorge Eliecer Tamayo, quien defendió el trabajo desarrollado por la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres para enfrentar la crisis que afronta Tuluá, el representante a la Cámara de la Alianza Verde, cuestionó los pocos resultados que a su juicio arroja la sobretasa de la seguridad puesta en marcha desde 2016 y que pagan los vallecaucanos en la factura de energía.
En su intervención, el dirigente llamó la atención de la Fiscalía General de la Nación para que acelere las investigaciones frente a todo lo que se ha denunciado en Tuluá, donde se ha manifestado que la estructura delincuencial de la oficina o La Inmaculada permeó las instituciones del Estado y ahora ante la pérdida de esos espacios ha incrementado su accionar criminal en contra de la comunidad que hoy está sitiada por la delincuencia.
«Pareciera que las acciones que se han puesto en marcha son insuficientes y me asisten dudas sobre los resultados que dejan hasta el momento la sobretasa de seguridad y la manera en que se están invirtiendo esos recursos, pues está claro que para enfrentar una banda que es capaz de actuar como lo hizo el viernes pasado, cuando asesinaron a un concejal y a una líder comunitaria, se requieren de herramientas adicionales» precisó Sánchez.
Explorar diálogos
Para el representante vallecaucano es claro que las acciones desarrolladas, los consejos de seguridad han resultado poco efectivas y los titulares que hablan de mejoría no se ajustan a la realidad y la paz total de la que habla el gobierno del presidente Petro no se avisora, en el caso de Tuluá que es realmente grave.
«La retaliación de la banda delincuencial ante la pérdida de espacios y la presión de las autoridades se ha hecho sentir y hoy tiene a los comerciantes y empresarios a merced y acaban de cancelar la feria que es un evento de trascendencia nacional», enfatizó.
Pero Sánchez fue más allá y precisó que si militarmente no se puede combatirlos, el gobierno nacional tiene que explorar el sometimiento de la banda delincuencial, tal como ha sucedido en el puerto de Buenaventura con las estructuras que allí operan y que hasta ahora dejan positivos resultados.
«Es un modelo que al menos se debe explorar para frenar esta situación difícil que se afronta y parar la matanza en Tuluá» puntualizó.
Para tener en cuenta
Los Shottas y Los Espartanos se dividen el control del área urbana de Buenaventura. Los barrios que han estado en el centro de las disputas son San Juan XXIII, San Luis y Bellavista.
Aunque el cese al fuego no está vigente con el Estado, el centro de este proceso es la tregua entre ambas bandas criminales, que en 2022 permitió que este municipio viviera casi 100 días sin homicidios.
