Con la finalidad de buscar soluciones integrales ante la situación de seguridad que vive Tuluá y que repercute en la región, el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento Solarte, lideró en la Villa de Céspedes una mesa de trabajo para analizar el impacto de la delincuencia en la subregión norte del Valle del Cauca.
De acuerdo con lo indicado por Sarmiento, durante la visita que la comisión adelantó corroboró que fenómenos como la extorsión, el micro-tráfico, la monopolización de alimentos y otros delitos que se han disparado en Tuluá, comienzan a expandirse por los municipios vecinos.
Los mandatarios reunidos en el despacho del alcalde Gustavo Vélez, aseguraron que, por el peso que tiene Tuluá en la región, lo que ocurre allí repercute con fuerza en sus municipios. “Si a Tuluá le da gripa, a nosotros pulmonía”, aseguró el alcalde Bugalagrande, Jorge Rojas.
A su turno la alcaldesa de Buga, Karol Martínez, presentó un diagnóstico de la situación de seguridad en el territorio y aseguró que ha hecho todo lo que está al alcance de su administración para mejorar la seguridad y convivencia con la articulación interinstitucional.
«Hemos hecho operativos, prohibimos el parrillero hombre, tenemos presencia del Gaula de la Policía y del Ejército, el Batallón Palacé nos está apoyando con una patrulla motorizada en la ciudad», expresó.
Por su parte, el mandatario tulueño agradeció el apoyo y la articulación interinstitucional para poner la ‘lupa’ en el municipio. “En esta mesa se logró hacer una evaluación de todas las acciones por parte de las instituciones que nos están apoyando para la seguridad en el municipio. El apoyo de la Gobernadora es fundamental para poder ser escuchado tanto a nivel departamental como nacional y eso para nosotros significa mucho”, dijo.
“Es muy importante que la Procu-raduría esté en nuestro territorio, poniendo los ojos al departamento y generando acciones de articulación entre el gobierno nacional, departamental y local con todas las instituciones. Lo más importante de esta reunión es que se involucre el ICBF y Migración Colombia en las acciones que se debe tener con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están siendo instrumentalizados por bandas delincuenciales y grupos armados» explicó la secretaria de Seguridad del Valle, Ana María Sanclemente.
Las acciones a seguir
La Procuraduría realizará un informe preventivo de alerta sobre la situación de orden público en la sub región, elevará solicitudes a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, ministerios de Defensa, Justicia y Educación sobre los efectos generados por las acciones delictivas e instalará una mesa de trabajo con la Procuraduría Regional y Migración Colombia.
