El juez segundo Municipal de Tuluá ratificó en todas sus partes el fallo que se había proferido en primera instancia ordenando detener la demolición de La Casona, proceso que semanas atrás inició la Administración Municipal, amparada en los conceptos de la Oficina para la Gestión del Riesgo y la Policía Nacional.

En la sentencia conocida por EL TABLOIDE, el juez no solo deja en firme lo actuado, sino que adiciona un plazo perentorio de 30 días para adelantar la caracterización de las familias que allí residen.

En ese orden de ideas señala: “En un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la caracterización e individualización de los ocupantes del predio conocido como “La Casona”, esta caracterización deberá servir para identificar, valorar y determinar con plena certeza la presencia de sujetos de especial protección constitucional que tienen necesidades apremiantes en materia de vivienda, sujetos de especial protección constitucional sin necesidades apremiantes de vivienda y otros ocupantes que no son sujetos de especial protección constitucional, y población migrante, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”.

Así mismo, el auto confirma en todo lo demás la sentencia Nro. 078 del 03 de mayo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Señor Juez Segundo Civil Municipal de Tuluá Valle, por las razones expuestas.

Se adelanta el diagnóstico

En respuesta al juez, la Administración Municipal indicó que, se encuentra adelantando una guía metodológica que permita censar y caracterizar a las familias establecidas en asentamiento La Casona, sumado a un estudio de títulos para contrarrestar la información obtenida para dar inicio a un proceso de recuperación de los bienes fiscales generando reubicación, compensación, pago de mejoras o cualquier acción a la que haya lugar.