En visita a la sala de redacción de EL TABLOIDE, Jaime de La Cruz, José Omar García y Gloria Ballesteros, integrantes de la citada asociación, indicaron que respetan la posición del sindicato de educadores del sector oficial, pero indicaron que la realidad de los privados es totalmente diferente.
“Desde el año pasado venimos trabajando de la mano con la secretaría de Educación en el tema de la alternancia y estamos comprometidos con la presencialidad, pero esta decisión en virtud a la admisión de la tutela nos dejó en medio de una gran preocupación, razón por la cual estamos trabajando con las herramientas jurídicas para hacer parte del proceso jurídico que deberá darse cuando el despacho judicial falle de fondo”, explicó de la Cruz, propietario de la Escuela Mercantil.
DATO: Las encuestas entre los padres de familia arrojan que más del 70% están de acuerdo con la presencialidad.
Por su parte Gloria Ballesteros, del colegio San Miguel, precisó que el juez debe considerar en el fallo definitivo las dos situaciones que son diametralmente opuestas entre la educación pública y privada pues el esfuerzo que se ha hecho es significativo en el montaje de los protocolos y la comunidad educativa en un porcentaje mayor al 70% quiere que sus hijos estén en las aulas y no frente a las pantallas de la virtualidad.
«No desconocemos la realidad que afronta el sector público, pero creemos que nos merecemos un trato diferente, pues hemos hecho grandes esfuerzos y la no presencialidad lesiona aún más la crisis económica afectada por la pandemia», precisó Ballesteros.
En el mismo sentido se pronunció José Omar García, de la Academia Militar, una institución que por la formación que imparte necesita le presencialidad.
Los directivos de la Asociación de Colegios Privados de Tuluá, de la cual hacen parte 39 de los 45 existentes, esperan que sus reclamos sean atendidos o de lo contrario la crisis haría insalvable a un sector que genera 650 empleos directos.
