Arias Gutiérrez hizo parte de la lista del Partido Conservador para las elecciones de octubre pasado, cuando obtuvo 466 votos, resultado que lo ubicó en la sexta mejor votación de la lista, razón por la cual es quien tendría el derecho a ocupar la curul que quedó vacante tras el homicidio del edil Londoño en abril del presente año.
Este profesional, que se desempeñó como Director del Departamento de Planeación Municipal entre los años 2016-2019, no es el primero que llegaría a suplir una vacancia en la corporación edilicia en este período. Hay que recordar que, en el mes de enero, tras el asesinato del también concejal Eliecid Ávila Ávila, en su reemplazó tomó posesión del cargo Antonio José Galvis, igualmente integrante del Partido Conservador Colombiano. El arquitecto aún no se ha expresado sobre el particular.
Ordenan medida provisional para proteger la vida de los concejales
Ante las intimidaciones de la estructura delincuencial ‘La Oficina’, el Juzgado Tercero Municipal del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, ordenó medida provisional para proteger la vida de los concejales. La determinación se tomó luego de que la Defensoría del Pueblo interpusiera una tutela para reclamar que los derechos de los cabildantes sean salvaguardados.
“El Juzgado Tercero Municipal del Circuito de esa población vallecaucana, mientras emite el fallo de primera instancia, ya conminó a la Unidad Nacional de Protección a realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales a favor de los demandantes”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los concejales de este municipio han sido objeto de todo tipo de ataques, amenazas y atentados. El pasado 20 de abril, fue asesinado el concejal Carlos Arturo Londoño, homicidio que se sumó al del también cabildante Eliecid Ávila, quien fue víctima de un atentado sicarial en la celebración de Año Nuevo.
Este ataque, ocurrido luego del evento de los 100 días de la administración municipal, también cobró la vida de Clarivet Ocampo, representante de una asociación de personas con discapacidad, con asiento en esa localidad del departamento.
El recurso jurídico no solo reclama acción de la Unidad Nacional de Protección, sino también de los ministerios de Defensa y del Interior y de la Policía Nacional. “Necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel de riesgo en el que ahora mismo se encuentran”, dijo el Defensor del Pueblo.
“Mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de trabajo idóneos, con la finalidad de que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de los regidores y sus grupos familiares”, agregó Camargo.
