De acuerdo con lo indicado, la iniciativa tiene como propósito garantizar los principios de equidad, eficacia e igualdad, facilitando su acceso a servicios productivos, comerciales, financieros y tecnológicos. Con esta medida, se busca fortalecer el papel de la mujer en el desarrollo del sector agropecuario y reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural.
La iniciativa contó con casi dos años de trabajo para lograr un consenso multipartidista con diversas entidades del Gobierno y organizaciones de mujeres y tiene como novedad la modicación de la Ley 731 de 2002.
La ley que pasa a conciliación y posterior sanción del presidente de la república priorizará a las mujeres rurales que han sido víctimas del conflicto armado, el despojo de tierras o situaciones socioeconómicas adversas que las obligaron a desplazarse.
De la misma manera, busca ofrecerles oportunidades que les permitan reintegrarse al sector productivo y acceder a programas específicos de apoyo para su recuperación económica.
“Este es un reconocimiento histórico a la labor de las mujeres rurales, campesinas y pesqueras, quienes son fundamentales para la seguridad alimentaria y el desarrollo del país. Con esta ley, damos un paso firme hacia la equidad y el fortalecimiento del campo colombiano”, afirmó la representante a la Cámara, Ana Paola García, quien hizo parte del grupo de ponentes.
Los beneficios
Acceso preferencial a créditos y financiamiento para emprendimien-tos productivos. Seguridad social y garantías laborales para trabajadoras rurales y pesqueras. Mayor participación de las mujeres en instancias de decisión sobre políticas agropecuarias y pesqueras.
