«Resulta extraño que se me condene a mí, pero no existe ningún acto administrativo donde se me designe como representante legal de la Corporación que dejó de operar por efectos de la pandemia», dijo el alcalde Rojas Trujillo en diálogo con EL TABLOIDE.
DATO: La Corporación para la Recreación Popular es una entidad de economía mixta sin ánimo de lucro.
Recalcó que de acuerdo con los estatutos la representante legal es la Gobernadora del Valle o a quien ella delegue, actuación que no se ha dado en este momento.
«Cuando la señora Yenny me visitó yo le manifesté que el municipio de Bugalagrande no podía hacer esos pagos, pues no hay claridad jurídica e incluso fui yo quien le pedí que demandara administrativamente, pues si un juez obliga al municipio a pagar lo haría con gusto», indicó el mandatario, tras agregar que ya destinó los dineros de su prima de navidad para cancelar lo exigido por el mandato legalo y de esa manera evitar los días de arresto ordenados.
El burgomaestre de los bugalagrandeños anunció que con sus abogados entablará las acciones legales para demostrar que el fallo que lo condenó es desacertado y no ajustado a la realidad.
