Tanto al burgomaestre como al secretario de Gobierno, Jaime Vivas Manzano, y la contratista María Borinquén Guevara, el ente investigador les imputó cargos por los presuntos delitos de cohecho impropio, interés indebido en celebración de contrato, uso de documento público falso y concierto para delinquir agravado, conductas que estarían ligadas al manejo de recursos destinado a la atención del covid-19.
Consultado sobre la decisión, el alcalde de los victorianos manifestó que lo llena de tranquilidad, pues le devuelve la posibilidad de retomar sus funciones y ponerse de nuevo al servicio de la comunidad que en todos los escenarios le ha ratificado su confianza.
“Vamos a seguir trabajando como lo hicimos desde el primer día y estoy seguro de poderle demostrar a la justicia que no hemos incurrido en actitudes delictivas y que todas la actuaciones están enmarcadas en los preceptos legales y constitucionales”, dijo el mandatario, tras destacar el trabajo de su equipo de gobierno que no bajó la guardia y dio continuidad a los diferentes procesos de la Administración Municipal.
