La tragedia que ocurrió esta semana en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), en donde por un derrumbre perdieron la vida 16 personas y otras quedaron heridas, se suma a todas las que ocurren en el territorio nacional, como anunciadas y nunca prevenidas por las autoridades competentes cuando una y otra vez la comunidad ha clamado para que sea reubicada, en sitios seguros y bajo condiciones más dignas, pero no lo hacen aduciendo disculpas de todo género.
Desde la avalancha de Armero, en la década de los años 80, se comenzaron a formar las secretarías para la prevención y gestión de riesgos, que deben, como su nombre lo indica, estar atentos a la presencia de los primeros síntomas de alarma para tomar las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar las tragedias.
No ha sido así, porque lo que hemos comprobado es que apenas se dedican a recibir la inmensa cantidad de auxilios provenientes del gobierno central y en algunos casos de ayudas extranjeras, para repartirlos entre las familias damnificadas. Aunque esto es necesario y urgente organizar, para que se adelante con equidad, presteza, eficacia y justicia, no es suficiente porque la prioridad de estos funcionarios adscritos en cada municipio, es prevenir en tiempos de calma estos acontecimientos.
Vemos por ejemplo, que los habitantes de Dosquebradas sobrevivientes, han informado que estaban esperando desde hace mucho tiempo su reubicación prometida y la espera ha sido en vano. Tuvo que ocurrir el deslizamiento de toneladas de tierra y morir sus habitantes, para que ahora el gobierno a través de la Secretaría pertinente, inicie las actividades que no adelantó a su debido tiempo.
Es patético el cuadro que se dibuja a través de los últimos tiempos, en donde se pre avisa a las autoridades de turno con la debida anticipación la posibilidad de una catástrofe y no oyen o se hacen los sordos.
Por ejemplo, si las autoridades ven construir una casa en un sitio de peligro, como en las riberas de los ríos, al lado de una ladera pronunciada, no detienen a los responsables de una vez, sino que poco a poco, ya no es una, sino dos, tres y al poco tiempo diez,veinte o más familias que se van ubicando como pueden, pues vienen huyendo de la violencia, desplazados por la inseguridad en sus tierras que la han perdido y obviamente, cualquier rinconcito de tierra lo consideran una bendición para su desdicha.
No son culpables, culpable el gobierno que se queda impávido, quieto, sin buscar una solución pronta y eficiente para responder a un clamor general, que se escucha en todos los rincones de los desposeídos, menos en las Secretarías de Gestión de Riesgos. Y todos conocemos los problemas y trabajo que cuesta reubicar a las familias que ya han sentado raíces en cualquier lugar, así se considere de alto riesgo, porque todos quieren, por lo regular, poseer un pedazo de tierra para asegurarse el futuro.
Y también sabemos y lo comprobamos, que no es suficiente con un simple traslado, como si fuera tan fácil. No, la solución será integral o no servirá absolutamente para nada. Evitar la tugurización es un imperativo que dimana de la misma Constitución.
